Es difícil gobernar llamando a las buenas conciencias y a través de una figura unipersonal ejemplar. De manera correcta podemos señalar que un sinvergüenza en el poder no sirve de ejemplo y carece de legitimidad para impulsar el combate a la corrupción, como lo pudimos observar en el sexenio anterior. Pero ello no se traduce en que lo opuesto sea suficiente, esto es, que al contar con un presidente que predica con el ejemplo y apela a nuestras conciencias, automáticamente cambiaremos el contexto de corrupción e impunidad en el país.
Una gran faltante se encuentra en las premisas del actual presidente, López Obrador. Ni por asomo parece querer encarar los problemas de seguridad, corrupción e impunidad con la única forma de atenderlos de manera sistemática y sostenida: con las instituciones.
Cualquier político debe aspirar no sólo a que su nombre se mencione con orgullo por los años venideros sino a que su nombre quede consagrado al lado de las instituciones que vigilan y cuidan a la sociedad, aquellas que construyó o consolidó. El ser humano es perenne, incluso aquellos dictadores longevos terminan muriendo y pasando al olvido; en cambio las instituciones permanecen siglos, incluso milenios.
López Obrador parece querer modificar conductas entre la sociedad mexicana que chocan con pared en el contexto de altísima impunidad. De manera loable, pero ilusa, llama a la gente a dejar de robar gasolina; menciona que no habilitará una cacería de brujas, sin embargo, esa decisión le corresponde al débil Poder Judicial que más pelea por sus privilegios que por la impartición de justicia.
La recuperación de la justicia y el combate a la corrupción no atraviesan por una cacería de brujas, pero tampoco se establecen apelando a las buenas conciencias. La recuperación de la seguridad en el país implica el fortalecimiento de las instituciones antes que cualquier otra cosa; las instituciones de investigación e impartición de justicia.
Más que barrer escaleras se necesitaba una fiscalía autónoma, en donde la persona al frente no fuera un operador político acostumbrado a tácticas militares para enfrentar el crimen. Se necesitaba fortalecer la naciente fiscalía, dotarla de legitimidad de inicio y de facto, y mejor consagrar el nombre de este presidente con esta institución. Pero no, le apostó a la figura cercana que dará virajes cuando así se le pida.
El combate a la corrupción debe atravesar por el entramado institucional que se ha venido construyendo y ponerlo a operar, de manera efectiva, bajo un presidente que no les cubrirá las espaldas a los gobernadores ni dará rienda suelta a sus instintos más básicos de hurto. Parece que podemos perder una oportunidad de oro en donde por fin contamos con un presidente convencido de la honestidad en el gobierno al tiempo que desarrollábamos las instituciones que pueden echar a andar las políticas de combate a la corrupción.
No hay forma que una sola persona eche a andar una maquinaria sin sus instituciones. No se debe gobernar más para el pasado ni para el presente, cada acto de gobierno debe tener la mira puesta en el futuro. Si la grandeza es a lo que aspira López Obrador, antes de pensar en su figura debe pensar en las instituciones que le heredará a las generaciones futuras; si de lo que hablamos es de una cuarta transformación, hay que preguntarnos en dónde radica esa transformación.
