Si Estados Unidos no entrega las pruebas, “puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía”, señala Presidenta
Laura Arana | OEM-Informex
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no existe un plazo de 60 días para que la Fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, entregue las pruebas sobre presuntos delitos, cometidos por diversos ciudadanos, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Expuso que no se trata de un juicio formal de extradición, sino de una solicitud de detención provisional.
“No hay plazo; habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que, en este caso, lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición”, sostuvo esta mañana en su conferencia de prensa matutina.
Además, dijo que si Estados Unidos no entrega las pruebas, “puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía”. Aunque también Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar formalmente, dentro de un juicio de extradición, donde también tendría que entregar las pruebas suficientes.
La presidenta recordó que la postura del gobierno federal es que no hay pruebas para la detención urgente y que no se ha entregado ninguna prueba. “En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal”, puntualizó.
“¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero, revisa el documento y dice: no hay pruebas suficientes; le pregunta a la fiscalía para que revise si, en efecto, hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La fiscalía le dice a Relaciones Exteriores: no hay pruebas suficientes. De todas maneras, la fiscalía, al recibir este documento, abre sus propias carpetas de investigación, y estamos en ese momento”, dijo.
La presidenta destacó que la Fiscalía General de la República, al recibir esta petición, “abre sus propias carpetas de investigación, y estamos en ese momento”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el gobernador con licencia y los demás ciudadanos investigados no cuentan con protección federal, sino que tienen vigilancia estatal.
“Él no ha solicitado medidas de protección ni el Gabinete de Seguridad se las ha proporcionado. La escolta que él tiene no es del gobierno federal. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios y escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía. Desconozco de cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad”.
El pasado 29 de abril, México recibió la acusación del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y del administrador de la DEA, Terrance C. Cole, para la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos por delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas, entre ellos el gobernador con licencia y el senador de Morena, Enrique Inzunza.
Hasta el momento, los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez quien fue exsecretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega, extitular de Finanzas, ya rinden cuentas en Estados Unidos.
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