No es lo mismo, es peor. Autor: Federico Anaya Gallardo

En las últimas semanas, he compartido con los lectores mis recuerdos acerca de la guerra de baja intensidad (GBI) que el Ejército Mexicano hizo en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional luego de la Rebelión de Año Nuevo en 1994. Esa remembranza permitió recordar no sólo las tragedias, sino algunas victorias del Pueblo. Una, no menor, es que los principales líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia finalmente fueron aprehendidos, juzgados y sentenciados. Samuel Sánchez Sánchez, Diego Vázquez Pérez y Marcos Albino Torres López están en prisión. También es relevante que el entonces coronel Leopoldo Díaz Pérez, operativo de inteligencia militar y luego general, haya sido procesado, si no por sus hechos en Chiapas, sí por violaciones graves de derechos humanos durante su gestión como comandante militar en Cuernavaca.

Más importante es que los pueblos de las Tierras Bajas de Tila hayan encontrado espacios de reconciliación. Ya conté cómo, en 2004, se unieron viejos militantes de Paz y Justicia y compañeros del PRD así como simpatizantes zapatistas para exigir la salida del Ejército del Ejido Emiliano Zapata. En 2007, los ejidatarios de El Limar reclamaron a la Sedena la devolución del terreno que, bajo presión de los líderes paramilitares, se había dado a los militares. En el juicio agrario, los militares llegaron a amenazar a los ejidatarios con demandarlos por “ofensas al honor militar” (Liga 1). Hoy, de acuerdo a lo que me reporta Manuel Pérez García –líder de los desplazados de Masojá Jolnixtié y quien fuera diputado federal por el PRD entre 1997 y 2000– se ha logrado que el terreno se utilice para la construcción de servicios públicos –entre ellos, al parecer, una sucursal básica (electrónica) del Banco de Bienestar. Sin embargo, los efectos de una guerra son difíciles de borrar. Emiliano Zapata y El Limar son sólo dos de los 57 casos documentados en 2007 por el Centro de Análisis Político y de Investigaciones Socio-Económicas (CAPISE) en los cuales las fuerzas armadas tomaron posesión –sin expropiación o compra– de terrenos pertenecientes a comunidades campesinas.

Pero, si el pendiente territorial es grave, peor es el caos causado por la GBI en la organización social en la complejísima región indígena de Chiapas. No se puede jugar al aprendiz de brujo y soñar con que no se dejen cicatrices y huellas permanentes en las comunidades. Menciono sólo la más escandalosa: Acteal. En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar a los autores materiales de la masacre de Acteal. La decisión era razonable por los múltiples errores cometidos por la Procuraduría General de la República al hacer su acusación. Pero cuando llegó esa infame liberación, la organización civil Las Abejas llevaba doce años denunciando que las autoridades estaduales y federales no habían encontrado ni decomisado las armas usadas por los paramilitares asesinos. Y han pasado otros once años y nada se sabe de esas armas.

Ahora bien, un stock de armas perdido no es problemático por sí mismo. Peor es que las autoridades federales y estaduales permitieron el tráfico clandestino de armas desde 1994. Esto lo documentó Juan Pedro Viqueira en entrevista con el presidente constitucional (electo en 1995) de San Andrés Larráinzar, Diego Pérez Hernández. (Liga 2.) El funcionario estadual que propuso a Pérez Hernández formar un grupo paramilitar “le precisó al alcalde que no podía ayudarle a conseguir las armas —aunque era bien sabido que se podían comprar sin mayor problema en las colonias periféricas de San Cristóbal de Las Casas—, ni le podía proporcionar dinero; pero en cambio se comprometía a garantizarle una total impunidad y a promover su carrera política para que en un futuro no muy lejano lograra ser electo diputado estatal.” El larrainzero, como sabemos, se negó a hacer lo que se le proponía. Pero la fuente nos informa cuál era el mecanismo para proveer armas a los paramilitares. (Recordemos que la materia de armas de fuego es federal y militar. El Ejército Mexicano no podía no saber.) Destaco tres elementos del mecanismo: (a) un mercado clandestino de armas; (b) el premio de ser incluido en la nomenklatura política; y (c) la impunidad (en caso de salir a descubierto cualquier cosa).

Los tres elementos perviven hasta nuestros días. Sobre el primero, notemos que, incluso si las armas de los asesinos de Acteal hubiesen sido decomisadas y destruidas, el mercado clandestino podía y puede armar y rearmar a cualquiera que tenga dinero. Sobre el segundo, hemos visto a la élite criolla de Chiapas usarlo para ganarse la lealtad de los nuevos liderazgos indígenas surgidos desde 1994, a Derechas e Izquierdas, en cada municipio. En agosto de 2018, examiné aquí mismo cómo se articuló la nueva élite indígena de Oxchuc con el muy corrupto sistema de partidos de los criollos chiapanecos. De 2000 a 2017, los sucesivos ocupantes de la Secretaría General de Gobierno ofrecieron a algunos oxchuqueros candidaturas, primero del PRI, luego del PVEM. (Liga 3.) Por último, la impunidad sigue siendo moneda de cambio para asegurar el cumplimiento de los pactos entre la élite de Tuxtla y los nuevos liderazgos municipales.

Pero hoy en día, en cada uno de los elementos que menciono, se puede percibir un mismo cambio cualitativo: la decreciente capacidad de control por parte de los gobernantes de Tuxtla (y de la Federación). Esta decadencia/desaparición del Estado es más evidente en el mercado clandestino de armas. No sólo en Chiapas, sino en toda la República, las redes privadas de ese tráfico predominan. Por su parte, la inclusión de los nuevos poderosos municipales en la nomenklatura se complicó por la novedosa “pluralidad” partidista de la élite criolla. Esta ha cambiado cuatro veces de aliado nacional: del PRI al PRD (2006 –creyendo que López Obrador ganaría), del PRD al PAN (2007, para acomodarse a Calderón), del PAN al PVEM (2012 –para retornar al PRI sin quedar tan mal) y del PVEM a Morena (2018 –creyendo de nuevo que el fuerte era López Obrador). Esta irresponsabilidad identitaria a nivel estadual tiene consecuencias alucinantes a nivel municipal y comunitario. En Oxchuc, en 2015, los nuevos caciques decidieron cambiar a medio proceso electoral del PRI al PVEM. Fue tal el escándalo, que un movimiento general –que incluía a las bases populares priístas traicionadas– impidió que la candidata “oficial” asumiera el cargo. Por último, aunque la impunidad ha continuado, su sentido ha mutado. En los días de la GBI era un mecanismo de premio-al-aliado y castigo-al-oponente. Hoy es también signo de ineptitud. Véanse los recientes gazapos y violaciones de derechos humanos cometidos por la Fiscalía General del Estado en el caso del secuestro del niño Dylan Esaú Gómez Pérez que llevaron a la ejecución en prisión de Adolfo Gómez –un abuelo acusado falsamente de tráfico de menores. Revísense los reportes que muestran al destacamento de la policía chiapaneca en Santa Martha, Chenalhó; primero colaborando con los paramilitares que disparan impunemente contra los pobladores del vecino Aldama y luego siendo desarmados y huyendo de los paramilitares. En 1997 –antes de Acteal– había complicidad criminal de la autoridad estadual (y federal) con el paramilitarismo; hoy vemos lo mismo pero complicado por la ineptitud de las autoridades estaduales. La falta de cabeza que controle a los grupos armados es –si puede concebirse– algo mucho peor, mucho más riesgoso, que la GBI sufrida por los Pueblos de Chiapas hace un cuarto de siglo.

Entre 1996 y 1997 Andrés Aubry y Angélica Inda, desde INAREMAC, contribuyeron al análisis del fenómeno paramilitar contándonos la historia de los jóvenes tzotziles de Los Altos y cómo se armaron para defender al gobierno porque ello les resolvía muchos problemas. (Liga 4.) Cito una idea fuerte de don Andrés y doña Angélica: “El conflicto de Chiapas cobró a los antropólogos una tarea más: la de identificar a un nuevo sujeto social, el agente protagónico de la violencia … Por rutina histórica, se lo llamó primero pistolero o guardia blanca, por las heridas que aquéllos han plasmado en la memoria colectiva de Chiapas.” Hoy, tres décadas y dos generaciones más tarde, haríamos bien en revisar nuestras actuales rutinas históricas, abrir más los ojos y complejizar nuestros conceptos. Hay que ir más allá de la denuncia por las armas no confiscadas. Hay que analizar y denunciar cómo, durante los 23 años que han transcurrido desde la Masacre de Acteal se dejó conectado, pero descuidado y en peligrosa soledad, un circuito social que permite a cualquiera dirimir por la fuerza de las armas cualquier disputa. A esto hay que sumar la experiencia de guerra, el entrenamiento recibido y seguramente trasmitido, y el hábito de estar armados.

En la última década, las organizaciones no-gubernamentales nos han reportado puntualmente el estallido de enfrentamientos en Los Altos (Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama) y la Región Chol (cabecera de Tila). El caso de Aldama ha hecho crisis de manera recurrente en los dos años de gobierno de López Obrador y del actual gobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón. De nuevo, hay cientos de familias desplazadas. Se suman a las de Chalchihuitán y a las de otras regiones de Chenalhó. Se vive una crisis humanitaria. De nuevo, hay lesiones y asesinatos que ni se investigan ni se castigarán. Junto con esos reportes, los defensores de derechos humanos nos han entregado muchos datos acerca de los conflictos agrarios que están en la raíz de estos nuevos conflictos. Sin embargo, no queda claro si esta dimensión agraria es raíz o pretexto. En la explicación general del fenómeno, las organizaciones no-gubernamentales se inclinan a concebir lo agrario como pretexto.

¿Pretexto de qué? De la misma GBI que el Estado mexicano sigue entablando en contra de los pueblos neozapatistas. La explicación tiene sentido. No hay duda que el Ejército sigue considerando su enemigo al EZLN y que la élite criolla sigue buscando venganza por la rebelión de hace un cuarto de siglo. Pero la explicación de la GBI que continúa también presenta algunos problemas. Por ejemplo, uno de los casos agrarios más sonados en el Chiapas posterior al año 2000, se desarrolló precisamente porque la GBI amainó. Hablo de la lucha del Comisiariado de Tila (cabecera) en contra del ayuntamiento de Tila. La comunidad ejidal ha ganado todas las intancias judiciales y debería recibir ya, la posesión completa de todos los terrenos que ha usado en el último medio siglo el gobierno municipal. Se trata de un caso fascinante en sí mismo y académicas de primer orden, como Magdalena Gómez señalan, correctamente, que los triunfos judiciales de los tilecos son una victoria de los pueblos originarios por recuperar su territorio. (Liga 5.) El problema es que, entre 1994 y 1997, cuando la GBI arrasaba las tierras bajas de Tila, el comisariado de Tila (cabecera) no parecía ayudar mucho en la defensa frente a los paramilitares de Paz y Justicia. Ahora sabemos que mantenía una neutralidad vigilante y que evitaba la expansión de los paramilitares hacia las montañas tilecas. Sólo luego de terminada la GBI y del encarcelamiento de los líderes paramilitares el ejido pudo avanzar en su reclamo agrario.

El carro de la Historia avanza. En su camino, resuelve algunas cosas y complica otras. En Tila-cabecera los avances de 2000 permitieron al comisariado ejidal caminar abiertamente al lado de las comunidades neozapatistas. Por eso es que en 2020 ese comisariado es confrontado por Arturo Sánchez, hermano de Samuel, el líder aún preso de Paz y Justicia. En las últimas semanas, los viejos cuadros paramilitares han pedido que se vuelva a estacionar el Ejército Mexicano en el municipio. Tal vez pretenden re-crear el escenario de la GBI. No dudo que haya algún viejo cuadro militar que recomiende al Presidente hacer caso a la petición paramilitar. El Heraldo de México ha dado espacio a teorías alucinadas que buscan reiniciar la confrontación militar contra el neozapatismo. Sería un terrible, monstruoso, error.

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Por razones diametralmente opuestas y desde la trinchera social contraria a Arturo Sánchez en Tila, los defensores de las víctimas y desplazados de Aldama, como RompevientosTV y el Centro FrayBa (quienes llevan años de trabajo in situ denunciando la reaparición y crímenes de los paramilitares en Santa Martha Chenalhó) piden que se estacione en esa microrregión la nueva Guardia Nacional. Y este cuerpo militar está hoy conformado por tropa del Ejército Mexicano. Necesitamos pensar más profundamente. Analizar con más complejidad. Entre 1997 y 2020 hay constantes pero también diferencias. RompevientosTV y el FrayBa tienen razón: hay inminente peligro de una nueva masacre. De hecho, por la complejidad del escenario y la ineptitud criminal del gobierno chiapaneco, hoy ese peligro es mucho mayor que en 1997.

Ligas de este artículo: Liga 1: https://www.proceso.com.mx/206062/exigen-choles-a-sedena-la-devolucion-de-tierras-en-el-limar
Liga 2: https://www.nexos.com.mx/?p=12513
Liga 3: https://julioastillero.com/tres-nudos-en-tres-tiempos-autor-federico-anaya-gallardo/
Liga 4: https://www.jornada.com.mx/1997/12/23/aubry.html
Liga 5: https://www.jornada.com.mx/2017/06/13/opinion/014a1pol
Liga 6: https://www.youtube.com/watch?v=P3jIqB0R8QM&t=29s

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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