Nadie quiere ser policía en Teocaltiche por la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG (nota de OEM-Informex)

El gobernador pidió mes y medio para devolver la seguridad al municipio que tiene dificultades para reclutar policías

Elizabeth Ibal y Roman Ortega | OEM-Informex

GUADALAJARA. La convocatoria para contratar policías municipales en Teocaltiche ha sido mínima, por lo que al momento no se han cubierto las 15 bajas de uniformados registradas este año, admitió el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

“Vamos muy bien en cuestión de los tiempos del cronograma que teníamos para reforzar la seguridad. Recordar que en este proceso que había mencionado el gobernador de 45 días, los elementos (municipales) fueron evaluados en control y confianza, tuvieron un reentrenamiento en la Academia (…) Pero 15 policías, al ver que tendrían una supervisión muy estricta, tomaron la decisión de renunciar”, contó Juan Pablo Hernández González en entrevista con El Occidental.

Admitió que se abrieron 20 plazas para reponer a los elementos que renunciaron, pero la respuesta ha sido mínima.

Teocaltiche, municipio localizado a más de dos horas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, vive desde 2021 una ola de violencia por la disputa entre el Cártel de Sinaloa —que tiene el control de ese punto de conexión con los estados de Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca controlar este territorio enclavado en el norte de los Altos de Jalisco.

La violencia creció tanto, que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, prometió el 25 de abril que atenderían el problema y que en 45 días se pacificaría el municpio. El plazo venció ayer.

“Yo les pido que me den un mes y medio más, y en mes y medio voy a tener completamente pacificado Teocaltiche; les pido su confianza”, dijo el gobernador Pablo Lemus Navarro el pasado 23 de abril, apenas unos días después del asesinato del comisario de Seguridad Pública del municipio, Ramón Grande Moncada, ocurrido el 15 de abril.

Además de ese, otros homicidios de gran impacto fueron el del secretario general de Gobierno municipal, José Luis Pereida Robles, fue asesinado el 30 de abril y la regidora de Movimiento Ciudadano, Cecilia Ruvalcaba, fue ultimada el 9 de mayo. 

La violencia en este municipio recrudeció durante los primeros meses de este año, que suman al menos 23 homicidios, entre ellos cuatro policías municipales a los que habían privado de la libertad el 18 de febrero y que después hallaron sin vida, mientras que cuatro más y un civil siguen sin ser localizados; otro uniformado fue sorprendido por un grupo armado dentro de su casa y también fue asesinado.

“Siempre existe la posibilidad de que ocurra algo en cualquier parte del territorio del estado. La seguridad absoluta no existe, siempre habrá la posibilidad de correr algún riesgo”, reconoció Hernández González. 

El secretario de Seguridad estatal destacó los avances en estos 45 días, como el aseguramiento de más de 520 millones de pesos en armas, vehículos, inmuebles y demás objetos del delito en operativos.

El comisario general de la Policía del Estado, Juan Gutiérrez Castañeda, destacó el desmantelamiento de una armería valuada en 20 millones de pesos, en donde encontraron 26 fusiles de asalto entre ellos dos Barrett antiaéreos, así como una fábrica de explosivos y un rancho ligado a un líder de una célula criminal de un grupo delictivo.

“Tenemos aproximadamente la suma de 520 millones de pesos, como bien fueron los plantíos de la marihuana, las armas, los vehículos, los domicilios, y bueno, seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, vamos a seguir teniendo siempre la buena coordinación integral y transversal con las autoridades locales y federales para mantener la presencia en esa zona de esos municipios”, dijo el jefe de la policía estatal.

Ya dentro del plazo de los 45 días para lograr la pacificación se registraron aseguramientos importantes, como el de dos centros de vigilancia y monitoreo clandestino, uno dentro de las instalaciones de la Policía municipal de Teocaltiche y otro en un domicilio particular del municipio vecino de Villa Hidalgo.

También fueron detenidos al menos tres presuntos generadores de violencia de la región: Javier N, alias El Jason; Luis N; Carlos N, alias El Camello, y Francisco N, alias El Coyote. Además, el 24 de abril se aseguró un rancho presuntamente usado por un grupo delictivo y otro inmueble con un lote de vehículos con reporte de robo valuado en 35 millones de pesos. También 700 kilos de precursores químicos para la elaboración de explosivos en Villa Hidalgo.

Sin embargo, el comisario de la policía estatal coincidió en que no se puede garantizar la seguridad absoluta en la región.

“No podemos asegurar lo que puede pasar el domingo o el sábado porque en muchas partes del planeta, en otros países de primer mundo. No hay seguridad absoluta. Seguiremos con los esfuerzos seguiremos comprometidos con la ciudadanía de Altos Norte, pero nadie va a garantizar la seguridad absoluta en ningún lado”, dijo Gutiérrez Castañeda.

Para algunos de los 40 mil habitantes de Teocaltiche, estos 45 días fueron de tensa calma, pues señalan que si se van los policías estatales y la Guardia Nacional la violencia podría volver, como ya ocurrió en 2021, cuando 700 familias de la región fueron desplazados de comunidades como El Saucito, Rancho Mayor y Los Pocitos.

Personas que pidieron se resguardara su identidad, narraron que “nadie podía salir de sus casas al llegar la noche” y sólo atestiguaban desde el interior los tiroteos y uso de granadas en los enfrentamientos entre grupos criminales. 

Algunos, cuentan, optaron por huir y refugiarse en algunos templos de la región, al menos hasta conseguir garantías para volver a casa seguros, lo cual lograron con apoyo de la policía estatal, pero esa protección sólo duró unos meses.

Ante la zozobra de los pobladores de Teocaltiche, el gobierno implementó programas sociales como parte del proceso de pacificación.

Se otorgaron más de dos mil 100 servicios de salud por parte de las Brigadas Yo Jalisco de la Secretaría de Salud.

También se anunció la construcción de una base de la Policía Regional y Policía Estatal de Caminos que deberá estar terminada en 10 meses y albergará a 200 efectivos. Mientras que la Guardia Nacional también hace labores de socialización realizando tareas de poda de pasto en los jardines de la plaza principal y cortes de cabello a la población, para retomar su confianza, pues en meses anteriores, los pobladores se negaban a la entrada de fuerzas federales a la zona.

Pese a esto, un comerciante dueño de varios locales en la zona, externó su temor de que regrese la violencia cuando se vayan las fuerzas federales y estatales. 

“Cuando vean que la policía estatal o la Guardia Nacional ya no están, vuelven a aparecer. Ya nos pasó una vez, nos dejaron solos”, dijo.

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