MEXICO, 8 may (Xinhua) — El gobierno de México informó hoy que protegerá a empresas mexicanas que puedan verse afectadas por la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que abre la puerta a juicios en Estados Unidos por el uso de bienes confiscados por Cuba desde 1959.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México manifestó, en un comunicado, su rechazo a la entrada en vigor del Título III de la ley estadounidense a partir del pasado 2 de mayo, luego de que Washington mantuvo suspendido ese apartado desde que se emitió la norma en 1996.
«Al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior», indicó.
Recordó que la disposición activada por el gobierno de Estados Unidos permite a ciudadanos estadounidenses presentar demandas por la explotación comercial de bienes confiscados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959.
«Lo anterior significa que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadounidense corre el riesgo de ser demandado ante tribunales norteamericanos», apuntó.
Expuso que México cuenta con una ley vigente desde 1996 para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la norma estadounidense, que calificó de ser una legislación con acciones para fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington sobre Cuba.
La legislación se denomina Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Contempla que los tribunales mexicanos están obligados a negar el reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos emitidos con base en la Ley Helms-Burton.
La misma ley mexicana prohíbe además a personas y compañías proporcionar información requerida por tribunales extranjeros por la Ley Helms-Burton, así como la posibilidad de una reclamación «espejo» por daños a partir de su aplicación, entre otras medidas.
«El gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas», indicó la cancillería en comunicado conjunto con la Secretaría de Economía.

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