El 27 de enero de 2026, la presidenta de la República se reunió con los banqueros y señaló que “el acceso al crédito ha sido una de las limitaciones históricas para el crecimiento económico”, por lo que “se está buscando, sin poner en riesgo el sistema financiero, que se faciliten los créditos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que les permitan crecer”. Al respecto hay que señalar que el riesgo al sistema financiero lo está generando la alta tasa de interés establecida por Banxico y los bancos, así como los recortes presupuestales de Hacienda que están frenando la actividad económica. Ello ha llevado a que el crecimiento del ingreso nacional esté por debajo de la tasa de interés, lo que está aumentando la dificultad de hacer frente al pago de la deuda, que comprometerá la estabilidad bancaria.
El crédito depende del comportamiento de la actividad económica. La contracción del mercado interno que genera el subempleo, la pobreza y la creciente desigualdad del ingreso, derivado de las políticas predominantes, hacen que no haya demanda por créditos por parte del sector privado para invertir, y la banca no expande el crédito al no tener asegurado el reembolso del crédito, por lo que, de no encarar el gobierno la contracción de la actividad económica, los créditos no aumentarán a pesar de los llamados de la presidenta a los banqueros.
Si en realidad el gobierno quiere que se aumente la disponibilidad crediticia, debe cambiar la política fiscal de recortes presupuestales, debido a que éstos son causantes de la contracción del mercado que lleva a que no haya demanda por créditos, ni oferta de éstos.
En dicha reunión, las propias autoridades monetarias señalaron que “la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales con Estados Unidos y la revisión del T-MEC podrían afectar la economía, por lo que siguen advirtiendo sobre los riesgos a la baja para el crecimiento”. Ello les debería obligar cambiar su política monetaria, pues las altas tasas de interés actúan contra la inversión productiva y debilitan más a la economía para hacer frente a las adversidades que se acentuarán con la revisión del T-MEC.
La política económica debe configurar condiciones de crecimiento y ganancia en el sector productivo para que crezca la inversión, el crédito y así salir del estancamiento en que se encuentra la economía nacional.
El gobierno debe mandar una iniciativa al Congreso para modificar los objetivos de Banxico, donde, además de la baja inflación, se introduzcan los de crecimiento económico y alto empleo, como acontece en EU, por lo que tendría que bajar la tasa de interés para encaminarse a alcanzar tales objetivos. La menor tasa de interés reduciría las presiones financieras sobre el sector público, empresas y familias que están altamente endeudados, lo que les permitiría incrementar su capacidad de gasto e inversión y así retomar la actividad económica que quiere la presidenta y todo el país. Se debe contemplar en dicha iniciativa que el banco central compre deuda directa al gobierno para que éste gaste lo necesario para impulsar al empleo, la sustitución de importaciones para reducir el déficit de comercio exterior y la dependencia de la entrada de capitales.
La expansión del gasto público y la reducción de la tasa de interés configurarían condiciones de crecimiento económico, donde el ingreso nacional crezca por arriba de la tasa de interés, por lo que aumentaría la demanda y oferta de crédito para el impulso de la inversión productiva y además se evitarían problemas de insolvencia.
Se requiere regular al sector bancario, como lo estuvo en los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando se otorgaban créditos baratos a la industria y a la agricultura, lo que impulsó el crecimiento de la economía. Mientras siga la desregulación de la banca, continuará siendo disfuncional al crecimiento y con altas ganancias, a costa de descapitalizar a los deudores, tanto al sector público, como al sector privado no financiero.
Más que reuniones con banqueros para que aumenten los créditos y con economistas que no cuestionan la política monetaria, la austeridad fiscal y el T-MEC, el gobierno debe instrumentar las políticas que predominaron de fines de los años treinta hasta 1981 donde la economía creció al 6.4% promedio anual, cuando el gobierno tenía el control del banco central, regulaba al sector bancario a favor del sector industrial y agrícola y predominaban políticas proteccionistas a favor del desarrollo productivo y del empleo.
