Las calificadoras internacionales actúan a favor del sector financiero y contra el interés nacional. Autor: Arturo Huerta González

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el 17 de febrero de 2026 señaló que con el déficit público de 4.3% del PIB en 2025, México corre el riesgo de una degradación del grado de inversión por parte de las calificadoras, por lo que se debería bajar el déficit al 3.5% para que no le bajen la calificación. Quiere que el gobierno reduzca su gasto e inversión en un contexto donde está cayendo el consumo e inversión del sector privado y se tiene déficit de comercio exterior, por lo que, con su recomendación, más caería el crecimiento económico.

La calificadora Fitch por su parte el 18 de febrero afirmó que la deuda pública en 2025 alcanzó el nivel de 54.5%, debido a que absorbió la deuda de Pemex y que la economía se encuentra en una posición débil y que si México no estabiliza la deuda afectará la calificación soberana. Las calificadoras y los economistas convencionales no analizan las causas del déficit fiscal y del aumento de la deuda y las recomendaciones que sugieren terminan en mayor déficit y mayor deuda. Hay que señalar que han sido los recortes presupuestales que recomiendan las calificadoras para reducir el déficit y la deuda, lo que contrae la actividad económica e incrementa el desempleo, por lo que el gobierno termina recaudando menos y tiene que incrementar los gastos sociales y de seguridad pública para contrarrestar los problemas derivados del desempleo y la miseria y ello presiona sobre las finanzas públicas y la deuda. A ello se le suma el costo del servicio de la deuda, debido a la alta tasa de interés que establece Banxico. El déficit no es por incremento del gasto e inversión pública y de ahí la desaceleración de la actividad económica, por lo que se ha caído en un círculo vicioso que lleva a mayor déficit y mayor deuda.

La posición de la calificadora de que la economía está en posición débil que compromete el riesgo crediticio, hay que señalar que la debilidad de la economía es resultado de los recortes presupuestales que recomiendan las calificadoras para reducir el déficit y el monto de la deuda pública y es ello lo que reduce el margen de la política fiscal para hacer frente a los shocks externos. Se evidencia el fracaso de las políticas recomendadas por las calificadoras para ajustar las finanzas públicas.

La calificadora Fitch se pronuncia por una reforma fiscal para la consolidación de las finanzas públicas y comentó que México podría evitar la recesión logrando una buena negociación en el T MEC y atrayendo inversiones con el nearshoring, “o quedaría atrapado en un crecimiento aún más lento durante más tiempo”. En relación con la reforma fiscal, hay que señalar que es improcedente aumentar impuestos en un contexto de estancamiento, pues ello reduciría más el consumo, la inversión, la actividad económica, como la recaudación tributaria, por lo que seguiría el déficit fiscal y el aumento de la deuda. El planteamiento de la calificadora Fitch de que una buena renegociación en el T MEC e inversiones por el nearshoring evitarían la recesión en México, evidencia que la economía nacional no tiene condiciones endógenas para retomar el crecimiento, sino depende del comportamiento de variables externas. Éstas han estado presentes por años y no han impulsado el crecimiento económico del país, sino las favorecidas han sido las empresas transnacionales.

Al cuestionar las calificadoras y los conservadores el déficit fiscal y la deuda pública, su finalidad es limitar la intervención del gobierno en la economía, obligarlo a que restrinja el gasto e inversión para que la cúpula empresarial pase a invertir donde el gobierno deja de hacerlo y así la economía pase a depender de las decisiones de inversión del sector privado, el cual impone la política económica a su favor, relegando los objetivos de bienestar para toda la sociedad.

Las calificadoras se preocupan por que se pague la deuda externa, pues funcionan a favor de los acreedores internacionales. La deuda que tiene el gobierno mexicano, el 85% es en moneda nacional, con la cual no tiene problemas de hacerle frente, pues se reestructura. Y para que ésta no presione sobre las finanzas públicas se debe trabajar con baja tasa de interés. El gobierno es el único que puede contrarrestar la caída de la inversión privada derivada de la incertidumbre frente a la renegociación del T MEC, como por la falta de perspectivas de crecimiento. El gobierno debe gastar más de lo que recauda a favor de la producción nacional y del empleo, para así incrementar demanda y la inversión privada, para sustituir importaciones y reducir el déficit de comercio exterior. Ello incrementaría el ingreso nacional, la recaudación tributaria, reduciría el déficit fiscal y el monto de la deuda y no se generarían presiones sobre precios ni sobre el tipo de cambio.

El mayor gasto público y la deuda en moneda nacional, no ocasionaría problemas en el pago de la deuda. El gobierno puede cumplir con las obligaciones financieras y no tiene que restringir el gasto e inversión para ello. Tiene que gastar para impulsar la actividad económica, para mejorar el ingreso del sector privado, como del sector público, para que ambos puedan cubrir con sus obligaciones financieras y sigan invirtiendo y generando empleo. El problema es que las calificadoras internacionales y los economistas conservadores están por la reducción del déficit público para frenar la economía para generar desempleo y mantener bajos salarios a favor del capital.

No se debe hacer caso a las recomendaciones de las calificadoras y de los neoliberales de que se debe reducir el déficit fiscal y el monto de la deuda para no ser sujetos de baja calificación crediticia. La política fiscal no debe responder al sector financiero y al gran capital, lo que nos ha llevado al estancamiento y acentuar la privatización y extranjerización de la economía, a mayor desigualdad de la riqueza, a depender de la entrada de capitales y a que la política económica se encamine a promoverla a costa de desatender el crecimiento económico y la generación de empleo. La política fiscal en vez de responder a los dictados de las calificadoras internacionales a favor del sector financiero debe priorizar la generación de empleo y el desarrollo productivo para reducir el déficit de comercio exterior y nuestra dependencia de la entrada de capitales.

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