La Suprema Corte: tentaciones, extravíos y papelones. Autor: José Reyes Doria

José Reyes Doria | @jos_redo

AMLO DESCALIFICA A LA CORTE

El presidente López Obrador intensifica cada vez más la embestida contra el Poder Judicial, despertando profundas inquietudes en diversos sectores sociales y políticos. En particular, la andanada contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado un intenso debate sobre el Estado de Derecho, la centralización del poder, la honestidad de ministros, magistrados y jueces, así como el papel de la Ley en los procesos de cambio y transformación.

Sin miramientos, López Obrador afirma que el Poder Judicial está podrido por la corrupción de los ministros y jueces, quienes están en contra del pueblo y a favor de los potentados. El Presidente no aporta un diagnóstico detallado de esa acusación, pero da la impresión de que su opinión sería distinta si la Corte hubiera resuelto a su favor algunos temas que le importan al Presidente.

DESCONOCIMIENTO

El debate desatado es muy intenso y puede salir algo bueno de él, pero es evidente que muchas posturas parten de un profundo desconocimiento de lo que es el Poder Judicial, sus funciones constitucionales, su integración y los alcances de sus decisiones. Por eso, no está de más recordar que, a groso modo, podríamos establecer que el Poder Judicial tiene dos grandes funciones: a) impartir justicia a través de tribunales y juzgados, tarea que organiza y vigila el Consejo de la Judicatura; y b) ejercer el control constitucional sobre los otros poderes a través de la Corte.

COMPLEJA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

La tarea de impartir justicia presenta, en México, serias deficiencias estructurales, que tienen que ver con el número insuficiente de tribunales, juzgados, magistrados y jueces; algunos especialistas han sugerido que debería haber cuando menos el doble de estos elementos y una formación más actualizada para agilizar y eficientar la impartición de justicia. El atraso estructural, también tiene que ver con la deficiencia de las fiscalías y los ministerios públicos, que no solo son insuficientes, sino que carecen de formación y vigilancia para que puedan efectuar de forma aceptable su tarea de perseguir el delito. La relación sistémica entre los tribunales y las fiscalías es sumamente errática, de ahí los índices de impunidad que rondan el 95%. Estos problemas son visibles sobre todo en el ámbito penal, pero recordemos que el Poder Judicial también dirime conflictos en materia de lo civil, mercantil, corporativo, fiscal, electoral, de lo familiar, administrativo.

Además, la impartición de justicia se ve afectada en la realidad por el enorme poder de los poderes fácticos sobre los jueces y magistrados. En particular, la presión de las organizaciones criminales y las grandes corporaciones empresariales. El crimen organizado ejerce la amenaza, el soborno o la agresión para someter a los jueces. El presidente López Obrador tiene mucha razón al denunciar que los jueces dejan libres a muchos criminales y capos de la droga, y lo atribuye totalmente a la corrupción. Pero olvida considerar que el poder amenazante del crimen organizado es casi irresistible.

AMLO LO SABE

El propio López Obrador lo ha vivido en carne propia, cuando en octubre de 2019 el cártel de Los Chapitos lo obligó a dejar libre a Ovidio Guzmán, bajo la amenaza de incendiar Culiacán. Si el gobierno federal, con todo el aparato de las fuerzas armadas, las policías, los sistemas de inteligencia y el poder de comunicación del Presidente se dobló y dejó libre a Ovidio, es más que entendible que jueces y magistrados sean doblados para dejar en libertad a todo tipo de criminales. Son debilidades estructurales que deberían diagnosticarse en toda su complejidad para empezar a buscar soluciones viables.

LA CORTE COMO CONTRAPESO

En cuanto a la función de la Corte como tribunal constitucional, se trata de una función fundamental para evitar que los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, excedan las atribuciones que la Constitución les confiere. Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador enfureció ante las resoluciones de la Corte relativas a las reformas legales en materia de militarización de la seguridad pública y del Plan B electoral. Los argumentos de la Corte son muy claros: esos cambios que quiere el Presidente se tienen que hacer vía una reforma a la Constitución realizada bajo el debido proceso; por lo tanto, es inconstitucional pretender hacerlos por la vía de reformas a leyes secundarias, pues éstas jamás deben contradecir o estar por encima de la Carta Magna

Estas resoluciones de la Corte ya han sido muy comentadas. Aquí destacamos el ángulo relevante de que el gobierno de AMLO, al no contar con la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso, no puede reformar la Constitución si no negocia el apoyo de la oposición. Si ésta no está convencida, la reforma no avanza, punto. Sin embargo, AMLO considera que, al tener el mandato del pueblo, tiene una suerte de atribución especial para hacer esas reformas por la vía de las leyes secundarias, para cuya reforma sí le alcanza la mayoría que tiene en el Congreso. Pues la Corte ha puntualizado que eso viola Constitución, materializando así la relevancia fundamental del control constitucional que ejerce. De otra forma, el Ejecutivo y el Legislativo podrían imponer acciones inconstitucionales en lo relativo a la División de Poderes y al debido proceso de reformas a la Constitución.

JUSTICIA Y DERECHO

Esa es la postura formal de la Corte. Recalco el término “formal”, porque no debemos ignorar el debate doctrinario respecto a la relación entre los conceptos de Justicia y de Derecho. Desde el punto de vista de las posturas más cargadas a la derecha, se afirma que el Estado de Derecho es un fin en sí mismo, que el imperio de la Ley debe ser insensible a las realidades sociales que subyacen. Para esta visión del Estado la legitimidad se agota en la legalidad. Pero también existen visiones que conciben al Derecho como un instrumento de cambio para crear condiciones que favorezcan la igualdad social: hablamos del famoso Estado Social de Derecho. En este sentido puede entenderse aquella idea del Presidente de que “no me vengan con que la Ley es la Ley”, me parece que quiso referirse a esta dicotomía de Derecho y Justicia. Sin embargo, es importante puntualizar que, incluso los simpatizantes de la idea del Derecho como instrumento de cambio aceptan que siempre se deben respetar a los postulados fundamentales de la Constitución, o si es necesario cambiarlos, hacerlo con una escrupulosa observancia del debido proceso.

¿DIVISIÓN DE PODERES?

Si no hay control constitucional, el sistema político se inclinaría hacia formas crecientemente autoritarias de concentración y ejercicio del poder que harían recordar la época histórica del absolutismo, forma de gobierno hoy inaceptable. Inevitablemente, esta concentración inconstitucional del poder genera, tarde o temprano, una profunda deslegitimación e inestabilidad política. Por eso, la teoría política es útil para distinguir lo formal de lo real: formalmente en México la Constitución establece la División de Poderes, pero sabemos por la experiencia del larguísimo dominio del PRI, que cuando en el Congreso existe mayoría del partido del Presidente de la República, esa división se esfuma y el Poder Legislativo queda sometido a la voluntad presidencial. Eso pasó desde 1929 hasta 1997, y ahora está ocurriendo desde 2018 en una forma más o menos similar.

Por lo tanto, en esta realidad política, el Poder Judicial, con todas las deficiencias y sospechas que carga, debe mantener el mayor grado de independencia. E incluso, la resistencia e independencia de la Corte le conviene al personaje Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo quiera ver ahora, pues matizará favorablemente el juicio que la historia y la sociedad hagan sobre su forma personal de ejercer el poder: la vigencia del control constitucional lo salvaría de ser clasificado como un Presidente absolutista, despótico o autócrata.

DOSIS DE SURREALISMO

Para concluir, mencionemos algunas estampas asombrosas acontecidas al calor de la discusión sobre la Corte: a) el Presidente afirmando que con la elección popular de los ministros se soluciona el problema estructural-histórico del Poder Judicial, como si los más grandes corruptos de la historia no hayan surgido de una elección; b) un gobernador constitucional organizando un linchamiento a la Corte en las puertas de su sede, con ataúdes y esquelas de muerte de los ministros; c) una ministra de la Corte señalada por la UNAM de plagiar su tesis de licenciada en derecho, lo que le inhabilitaría para ser ministra, pero que no solo no renuncia sino que en la defensa de las reformas de AMLO refleja dudoso conocimiento jurídico; d) un diputado que, en un arranque de inquietante sinceridad, dice en tribuna que el objetivo de la llamada Cuarta Transformación es “obradorizar” a la Corte; e) la ministra Presidenta de la Corte desvariando en un juego de mensajes delirantes enviados al teléfono del presidente del Senado; y f) el coordinador del PAN en el Senado solicitando a la Corte que destituya al presidente López Obrador, sin detenerse a pensar que la Corte no tiene esa atribución y que con esa petición de tintes golpistas aporta cantidades adicionales de delirio, banalidad y perversión a las ya existentes en este apasionante debate.