La saxofonista María Elena Ríos denuncia nuevo atentado durante su traslado a Oaxaca (nota de SinEmbargo)

La saxofonista señaló que tendrá que volver a cambiar de número, pues ha sido así como sus constantes agresores han obtenido su ubicación, aunque responsabilizó a su violentador Juan Antonio Vera Carrizal de este ataque y posibles agresiones en el futuro.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio y saxofonista, denunció que sufrió un atentado contra su vida el pasado 15 de septiembre en un traslado que realizaba de Ciudad de México a Oaxaca.

A través de sus redes sociales, Ríos expuso que el pasado viernes a las 20:40 horas sufrió el atentado, en el que hubo detonaciones de arma mientras la perseguían vehículos en la salida de Oaxaca.

La saxofonista detalló que iba acompañada por personal de seguridad del Gobierno federal, y que activó el protocolo para solicitar ayuda ante la situación, al mismo tiempo de que la perseguían en el vehículo. Posteriormente, llegó a una gasolinera en Huajapan de León, Oaxaca, donde después arribaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

#AvisoImportante ⚠️⚠️⚠️

Sociedad y medios de comunicación:

El día 15 de septiembre por la noche, tuve un atentado en donde hubo detonaciones. Lamento que sean algunas autoridades las que fuguen y tergiversen información tan delicada.#Gracias Mecanismo de Protección por… pic.twitter.com/IpH2GGWyBo

— • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) September 18, 2023

Elena Ríos realizó la denuncia, y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca empezó la investigación, sin embargo, la saxofonista denunció que medios de comunicación han tergiversado la información sobre su atentado por filtraciones falsas de la misma Fiscalía.

Asimismo, negó que haya recibido ayuda por parte de la Policía Estatal o por Agentes Estatales de Investigación, sino que han sido por parte de la Guardia Nacional y Policía Municipal.

Finalmente responsabilizó a Antonio Vera Carrizal, agresor de Elena Ríos, quien ordenó que la atacaran con ácido en 2019, y quien está en arresto domiciliario.

El pasado 14 de agosto, la activista María Elena Ríos denunció que ha sido víctima de acoso y hostigamiento, además, de un intento de hackeo a su cuenta de WhatsApp, esto, a días de que su familia fuera amenazada de muerte.

La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano y su hijo Rubiciel, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera Carrizal, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos en ese mes del mismo año.

En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén, un exempleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continuaría prófugo.

Para María Elena, quien estudió saxofón en el Conservatorio de Puebla y además la carrera en Comunicación, acceder a la justicia no ha sido fácil. Al principio su agresión fue clasificada como “heridas que tardan 30 días en sanar”. Sin embargo, el 23 de octubre, cuando su abogada demostró que le habían quemado el 40 por ciento de su cuerpo, las clasificaron como “heridas que ponían en riesgo su vida”. No fue hasta el 23 de diciembre cuando por fin le clasificaron el delito como “tentativa de feminicidio”.

En las últimos meses ha comenzado a perfilarse una propuesta de Ley que lleva su apodo, “Malena”, para tipificar el delito como intento de feminicidio. Aunque se trata de una iniciativa local que se aplicaría sólo en la Ciudad de México, ha abierto un debate para que estos ataques dejen de ser considerados como lesiones en todo el país y se conviertan en un crimen en sí mismo que pone en riesgo la vida.

La Fundación Carmen Sánchez, el primer colectivo que agrupó a varias de ellas, indicó el pasado mes de febrero -citando datos de las autoridades sanitarias- que 105 mujeres fueron atacadas con sustancias químicas y corrosivas en 2022, pero sólo 28 denunciaron.