El descanso me costó
El combate ante el patrón
Contra el líder sindical
Su aparato de control
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León Chávez Texeiro)
En días pasados ha habido todo un hervidero en publicaciones diversas que señalan un posible conflicto de intereses entre la secretaria del Trabajo y su padre. Así como diversas notas sobre las huelgas en Matamoros y, de paso, las de Walmart y la UAM.
En mi muy humilde opinión, María Luisa Alcalde sí tiene un impedimento para ser secretaria del Trabajo, son demasiados los asuntos sindicales en los que su padre es asesor y aunque se abstenga de plasmar su nombre en los documentos de asamblea o actas de audiencia, todos aquellos que hemos litigado en materia laboral, (en mi caso litigué por casi veinte años, lo cual alterné con mi profesión actoral), sabemos que su injerencia en la vida laboral del país en sindicatos, academias, funcionarios y empresas es amplísima en todas las áreas.
Sostengo que una política laboral basada en el simple estallamiento de las huelgas, sin la conquista de verdaderos derechos para los trabajadores, aunada a la omisión de la Secretaría del Trabajo, la agonía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y en un clima social adverso, configurado por líderes charros, centrales obreras inactivas y la opción de una nueva central obrera encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, parece un panorama verdaderamente apocalíptico, si además le sumamos la presión de los capitales.
De las notas publicadas me llama la atención la expresión de Julio Astillero sobre que se había venido manteniendo una “injusta” paz laboral en el país. Es cierto. Pero es totalmente falso a la vez. No hay ninguna paz que no sea justa o hay justicia o no hay paz y no hay justicia laboral desde que las políticas gubernamentales decidieron comenzar a adelgazar el presupuesto de los tribunales laborales y a debilitar la presencia de los representantes de los trabajadores y de los representantes de los patrones en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, haciendo depender a estas exclusivamente del Poder Ejecutivo y propiciando con ello la corrupción y el desgaste del personal, a punta de rezago y de no darles aumento alguno, así como a realizar el recorte de su nómina, corriendo a trabajadores de base sin renovar las plazas. Es decir, no hay justicia laboral para los administradores de la justicia laboral. Un perro que se muerde la cola.
En esas condiciones de precariedad, ¿qué tribunal puede laborar eficientemente y ministrar justicia?
Recordemos que el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, abogado asesor de infinidad de sindicatos de la UAM y Chapingo (hoy en huelga por cierto), ha sido uno de los principales impulsores de las reformas laborales que contemplan la desaparición de las Juntas de Conciliación, sumándose con entusiasmo a la reforma laboral decretada por Enrique Peña Nieto en su momento, misma que se aprobó y que se encuentra en una vacatio legis para su entrada en vigor.
Esta reforma que para los analistas es un peligroso regreso a la centralización y control absoluto del Estado, básicamente busca que las Juntas de Conciliación y Arbitraje entren en un esquema civil de juzgados de lo social que dependan del Poder Judicial. Parecería una lógica impecable, si no fuera porque el derecho laboral es una fuerza dinámica que surge del cotidiano social. Si no fuera porque el cúmulo de derechos conquistados por la Revolución y las huelgas de Río Blanco y Cananea cristalizaron en el Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo tal como la conocemos y si no fuera porque el borrarlos de un plumazo constituyera un severo retroceso histórico. La conciliación y el arbitraje son mecanismos sumamente efectivos de resolución de conflictos que se perderán con esta reforma, pues quedarán completamente controlados por el Estado perdiéndose la presencia de representantes del capital y del trabajo entre otras aberraciones de la nueva ley.
Es cierto que las juntas no deberían derivarse del Ejecutivo en cuanto al presupuesto. Pero la propuesta debería haber sido dotarlas de autonomía económica pues su estructura tripartita es una aportación al mundo en materia de justicia, democracia y equilibrio de los factores de la producción. Debería habérsele dado fuerza a su composición y no poner la justicia laboral en el mismo costal de los demás tipos de derecho civil. No es por ahí. En tiempos de Porfirio Díaz los problemas laborales se dirimían en los juzgados civiles y quedó claro por el curso de la historia que dichos jueces no eran capaces de entender el fenómeno laboral como lo harían representantes de las fuerzas reales del trabajo y el capital.
El punto es que en este momento, unos cuantos funcionarios hacen frente al gran problema de rezago de expedientes y al problema de la corrupción de algunos miembros de las juntas, pues no son las instituciones las corruptas sino los funcionarios. Algo que a veces olvida AMLO.
Debido a las lacerantes críticas por todas estas omisiones hechas valer por los litigantes y miembros del foro laboral, se abrieron en las últimas horas unas audiencias públicas (a las que no se les dio ninguna difusión por cierto) para tratar el tema de la transición de las juntas de conciliación a los juzgados de lo laboral, sin que logre saberse nada además de lo que ya sabemos: no hay presupuesto ni para contratar más personal en las juntas, ni para abrir los juzgados nuevos. No hay ninguna seguridad para los miles de trabajadores de las juntas a lo largo y ancho de territorio nacional. No hay un procedimiento claro para saber qué pasará con juicios que iniciaron en las juntas y terminarán en el juzgado laboral. Es decir, existe un clima de gran inseguridad jurídica.
Por su parte, senadores como Tereso Medina e Isaías González de CTM y CROC que en su tiempo aceptaron, a cambio de favores esta reforma neoliberal ordenada por EPN y apoyada por el señor Alcalde y otros prominentes abogados de empresa así como las cúpulas sindicales que, sin consultar ni media palabra con los agremiados que representaban, fueron acusados de “traición”. Las viejas centrales no se pronuncian sobre los tribunales donde se ventilará el futuro jurídico de sus trabajadores, como si esto no fuera de vital importancia y se concentran en conservar sus contratos colectivos con mucha dificultad y no porque los trabajadores quieran afiliarse a la CIT de Napito precisamente, sino porque no se encuentran activos frente a su base. Han ganado presencia algunos líderes independientes que tienen años trabajando cabalmente los contratos colectivos permaneciendo actuantes pero sin lesionar las fuentes de trabajo. Son los menos. Pero serán los protagonistas de las libertades de los trabajadores. Profecía de la que suscribe esta nota.
Cabe hacer notar que las pequeñas y medianas empresas son víctimas silenciosas de todo este calvario, no de ahora, sino de años atrás. Recordemos que cuentan con las mismas obligaciones y cargas laborales que las enormes empresas sin tener por otro lado el mismo presupuesto para contratar asesores que los guíen en sus responsabilidades fiscales, frente al IMSS y a la Ley Federal del Trabajo por lo que están a merced de los emplazamientos por firma de contrato que les llueven quedando presas de los contratos de “protección” so riesgo de desaparecer. De esas sí que han desaparecido muchísimas y por lo general son de capitales mexicanos. Ojalá alguien piense en ellas y se elaboren esquemas de protección y fomento y no de vil hostigamiento como parece que serán las nuevas disposiciones de los órganos de control, inspección y auditorías. Porque suena muy bonito decir que por decreto “desaparecerán los contratos de protección” pero ya están lloviendo las ofertas de parte de la CIT a los sindicatos independientes y de la CTM y todas las centrales para pasarles sus contratos incluidos los de protección por supuesto. ¿Cómo será el mecanismo para detectar estos sindicatos “blancos” y cómo se castigará a los líderes que tengan así sus registros? Nadie sabe nada y nadie dice nada.
Por un lado, en la nueva política laboral es muy claro que se quiere ganar a las bases nuevas para las centrales y para la supuesta reivindicación de derechos laborales a punta de huelgas estalladas (muchas de ellas al margen del derecho) y las centrales antiguas saben que su única arma para revivir de manera efectiva son precisamente los emplazamientos a huelga o las detentaciones de contrato colectivo. Insisto: Con una secretaria de Trabajo omisa y más centrada en campañas publicitarias que en los graves problemas laborales que ahorcan este país, con tribunales agonizantes, con los capitales estrangulando la economía, ¿qué panorama nos depara? ¿De verdad esto es una estrategia laboral sana? Una estrategia que ignora la historia, que depara una reforma laboral violadora de los derechos de los trabajadores y de los propios empleados de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que utiliza las huelgas sólo para concentrar poder político pero no para mejorar la vida de los trabajadores.
Habrá que mirarse con lupa la reforma laboral por venir. Es tan penoso que desconozcamos la Ley Federal del Trabajo. Es toda una tragedia su ignorancia. Perderemos derechos laborales que nunca supimos que tuvimos. Sobre todo aquellos concernientes al procedimiento jurídico.
Hago desde aquí un llamado al análisis de la reforma y difusión popular de sus contenidos. De eso sí debería haber conferencias cotidianas por parte de la secretaria del Trabajo. Esta reforma y sus ulteriores enmiendas se han venido tejiendo en foros cerrados, sin la participación más que de los invitados personales de las cúpulas de EPN y de las que ahora detentan el poder, sin consulta alguna a los trabajadores, a los litigantes del foro y a los trabajadores al servicio del Estado en materia de justicia laboral y eso es algo sumamente indebido que pasará su factura en la historia.
Adriana
Moles @Adrianamoles1
Facilitadora de
Procesos de Base
a través del Teatro
comunitario.
Jurado Fonca
2018/2019
Fundadora de Zirka
Centro de Estudios
del Humor
