Mariana Hernández Luna
El escritorbritánico George Orwell (1903-1950) realizó dos grandes obras literarias: Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949) en donde explora, entre muchos asuntos, los riesgos que representan los sistemas totalitarios. De ambas obras podemos recuperar, para estos momentos, el asunto de las libertades individuales. Para Orwell, uno de los rasgos distintivos de quienes ejercen el poder totalitario es la coacción a través de la vigilancia continua y permanente de los gobernados. Vigilar a los ciudadanos es inherente a los sistemas autoritarios. No existe la libertad de expresión.
En México no tenemos un estado totalitario desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, los sucesos noticiosos ocurridos durante las últimas semanas nos hacen cuestionarnos si no estaremos viviendo dentro de una distopía orweliana a la mexicana.
El lunes 19 de junio, la bomba estalló cuando el periódico The New York Times (TNYT) publicó en su portada un artículo en el que se decía que el gobierno mexicano había comprado un software de espionaje llamado Pegasus a la empresa israelí NSO Group para espiar a criminales y terroristas. Ese software malicioso sólo se vende a los gobiernos e infecta los teléfonos inteligentes; permite el acceso a toda la información privada del dueño e incluso se puede ingresar a la cámara y micrófono del celular para ver y escuchar en tiempo real.
La investigación documentó que Pegasus había sido adquirido por al menos tres dependencias: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Según lo publicado, Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, encontró que el gobierno mexicano espió a 11 personas entre las que destacan periodistas, activistas y defensores de derechos humanos como Carmen Aristegui y su hijo, colaboradores del equipo de investigación de Aristegui Noticias, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y a Carlos Loret de Mola. Según documentó TNYT, cada infección exitosa cuesta alrededor de 77 mil dólares.
Luego, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC dijeron tener documentados 76 nuevos intentos de infección contra periodistas y defensores de derechos humanos, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016.
Por otra parte, el portal digital Eje Central publicó el jueves 22 de junio tener documentos que demuestran que los blancos del espionaje del gobierno peñista, en verano de 2015, ascendían a 729, entre los que había funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), artistas, hijos de políticos, empresas de seguridad, periodistas, abogados de narcotraficantes, estudiantes universitarios, médicos, policías federales, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, miembros de la Sección 22 de la CNTE, ex diputados, deportistas, órganos de fiscalización estatales y funcionarios de Guerrero e Hidalgo.
Incluso, el viernes 23 de junio, la diputada priísta con licencia Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán y ex secretaria general del PRI, denunció ante la PGR sospechar haber sido víctima de espionaje durante 2016.
A decir de los denunciantes citados en TNYT, los intentos de espionaje tenían en común haber sido realizados cuando las víctimas cuestionaron los resultados y políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El escándalo del espionaje traspasó las fronteras nacionales y hubo pronunciamientos de grupos sociales, políticos y religiosos que señalaron la violación a los derechos humanos de las víctimas. Se esperaba una pronta explicación por parte del gobierno federal, sin embargo, éste respondió con una escueta nota sin membrete al editor de TNYT en la que decía que no había pruebas del supuesto espionaje y que hacía un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas para que presentaran una denuncia ante la PGR y se realizaran las investigaciones correspondientes.
Fue hasta el jueves 22 de junio y durante la inauguración del Parque Industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando Enrique Peña Nieto se refirió al asunto diciendo que su gobierno es democrático, tolerante y hasta condescendiente con la crítica. Dijo también haberse sentido espiado y que esperaba que la PGR deslindara responsabilidades y que la ley se aplicara contra aquellos que levantaban falsos señalamientos contra el gobierno.
Del enojo, la indignación y el desconcierto, los mexicanos pasamos al temor ante la amenaza del presidente que al ser cuestionado sobre sus declaraciones, aseguró que se le malinterpretó y que no dijo lo que sí dijo. Para muchos analistas, Enrique Peña Nieto se despojó de su investidura presidencial para convertirse en un vil jefe de pandilla, en un bandido cualquiera que se dedica a espiar a sus opositores sin importarle si se trata de menores de edad.
Durante la última semana varias voces se pronunciaron por una investigación independiente. La senadora del PN, Laura Rojas, propuso la intervención de la ONU en la investigación del #GobiernoEspía. Incluso Edward Snowden, ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, se pronunció contra el espionaje del gobierno mexicano al decir en su cuenta de Twitter que “se trata de un crimen contra el público”.
La inquietante y perturbadora lección que debemos aprender es que absolutamente todos los ciudadanos somos vulnerables al espionaje de Estado. Y en este punto habrá quienes me acusen de paranoia. Es indudable que el gobierno mexicano espía sin órdenes judiciales y eso viola no sólo la legislación, también la garantía de los derechos individuales de cualquiera, sea o no periodista.
El espionaje como práctica de Estado no es nuevo ni exclusivo del gobierno peñista. Las nuevas tecnologías encarnan severos riesgos, pues nos permiten comunicarnos y denunciar como nunca antes, aunque también nos convierten en presa fácil de quienes deseen amedrentarnos y mantenernos vigilados, ya sea el gobierno o la delincuencia.
Todavía hace unas semanas, y tras el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, había quienes defendían la existencia de la libertad de expresión en México y aquí habría que hacer una precisión, una cosa es la libertad de expresión garantizada por el artículo 6º de la Constitución y otra, el derecho a la burla y el insulto que podemos ver en millones de tuits e inocuos memes en las redes sociales.
Evidentemente el gobierno mexicano espía a quienes son periodistas de investigación y a opinantes con prestigio y credibilidad, a activistas y defensores de derechos humanos, personas que son incómodas para el sistema porque revelan verdades que vulneran intereses muy profundos entre los grupos oligárquicos y políticos de México.
Al gobierno no le interesa espiar a comunicadores, tuiteros o youtubers que duplican noticias y opinan sobre ellas convertidos en bufones dispuestos al pastelazo, pero que no realizan labores serias y comprometidas de investigación y análisis periodísticos.
Lo ocurrido a lo largo de las últimas semanas debe preocuparnos mucho, como sociedad civil debemos exigir que se investigue cuáles son los propósitos y alcances del espionaje gubernamental, debemos procurar que se castigue a quienes incurrieron en delitos. No podemos olvidar o pretender que no pueda sucedernos a cualquiera de nosotros, todos somos vulnerables, víctimas potenciales del espionaje cibernético.
