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CDMX. A pesar de que revisó y resolvió casos delicados relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada durante los casi tres años que estuvo en Jalisco, el juez Uriel Villegas, asesinado en su casa el martes junto a su esposa, renunció desde 2019 a las medidas de seguridad y protección que se le habían brindado.
Este caso abrió el debate sobre revisar los protocolos de seguridad para los jueces, en especial aquellos que tratan casos del crimen organizado.
Fue en febrero del año pasado cuando Villegas Ortiz, al considerar que su vida y la de su familia no corría peligro, rechazó ante la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la protección que se le había otorgado por analizar y dictar sentencias en casos delicados desde 2018.
“Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo.
Esta decisión la tomó Uriel Villegas luego de que dejó de ser juez de procesos penales federales en Puente Grande, Jalisco y fue nombrado titular de un juzgado de distrito de amparo en materia penal, también es ese estado de la República.
Según consta en registros del CJF en posesión de OEM, desde 2018 a febrero de 2019, el juez Villegas Ortiz contaba con servicio de protección consistente en vehículo blindado, escolta integrada por seis elementos y prenda de protección personal.
Ayer, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar señaló que el homicidio del juez Villegas fue un crimen de Estado y confirmó que el juzgador renunció a las medidas de protección y que no había recibido amenazas. Tras calificar a Villegas Ortiz como un juez honesto, serio y estudioso, Zaldívar detalló que hasta el momento la política del CJF había sido respetar la decisión de vida privada de cada juzgador.
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