La SCJN ordenó su liberación inmediata al reconocer que fue víctima de tortura y violaciones al debido proceso durante su detención y juicio por el presunto secuestro de Wallace.
Anel Rangel | Quinto Poder
A casi 20 años de haber sido encarcelada por un delito que no pudo probarse sin recurrir a la tortura, Juana Hilda González Lomelí será puesta en libertad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que su condena fue producto de un proceso viciado y lleno de irregularidades, por lo que ordenó su liberación inmediata y definitiva.
Con cuatro votos a favor, la Primera Sala de la SCJN aprobó el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual reconoció que durante todo el proceso penal contra Juana Hilda se cometieron violaciones graves a sus derechos humanos. Entre ellas, destaca que su declaración fue obtenida bajo amenazas, intimidación y presiones mientras se encontraba bajo arraigo.
La confesión, según el fallo, fue firmada el 8 de febrero de 2006 en un contexto de coacción psicológica, lo que la vuelve inválida. En consecuencia, se declaró la nulidad tanto de esa confesión como de cualquier otra prueba que se haya derivado de ella. Una vez anuladas dichas pruebas, la SCJN concluyó que el resto de los elementos aportados por la fiscalía no eran suficientes para acreditar su culpabilidad.
Una condena basada en pruebas ilícitas
Juana Hilda fue detenida el 10 de enero de 2006 bajo una orden de localización y presentación. Fue arraigada hasta el 6 de abril de ese mismo año, cuando se inició formalmente el proceso penal en su contra. En el juicio, fue sentenciada a 78 años y 9 meses de prisión por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
El fallo que ahora queda sin efecto fue dictado por el entonces Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Esta sentencia utilizó como base la confesión de González Lomelí, a pesar de las denuncias de tortura y de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que alertaba sobre las violaciones sufridas por ella y otros imputados.
La misma situación para los procesados
La liberación de Juana Hilda representa un punto de quiebre en el llamado “caso Wallace“, ya que varios de sus coprocesados se encuentran en situaciones legales similares. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que representó legalmente a González Lomelí, informó que esta resolución debe impactar directamente los juicios de César F., Albert y Tony C., cuyos amparos estaban pendientes a la espera de esta resolución. Además, Brenda Q. y Jacono T. aún enfrentan proceso.
En todos esos casos, las pruebas principales también fueron obtenidas bajo condiciones similares de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, el IFDP exige que las pruebas anuladas por la Corte sean excluidas de manera inmediata en todos los procesos relacionados.
Juana Hilda es originaria de Guadalajara, Jalisco, y madre de dos hijas. Pasó 19 años y cinco meses en prisión enfrentando un proceso judicial lleno de irregularidades, sin acceso a una defensa efectiva y con pruebas fabricadas mediante tortura.
El 11 de julio de 2005 comenzó la fabricación del #CasoWallace. Hoy la @SCJN tiró el teatro que le ha costado 20 años de vida a Juana Hilda, Brenda, Jacobo, Albert, Tony, César, y sus familias. Lástima que la principal responsable no esté para atestiguarlo. https://t.co/Kar7CaunfY pic.twitter.com/QdWQ9mzAt5
— Salvador Leyva (@eseleyva1) June 11, 2025
Para el IFDP, este caso no solo representa una victoria legal para su clienta, sino una señal de alarma sobre las deficiencias estructurales del sistema penal. En su comunicado, la Defensoría subrayó que la sentencia de la SCJN visibiliza prácticas aún comunes en México, como el uso de la tortura para obtener confesiones, la desprotección durante el arraigo y la interpretación de pruebas con estereotipos de género.
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