El fiscal de Oaxaca detalló que uno de los detenidos era parte del grupo reportado como desaparecido, además de 2 funcionarios.
Luis Ramírez | OEM-Informex
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó que hay tres personas detenidas por la desaparición de cinco personas originarias de Tlaxcala, que fueron vistas por última vez en la Costa de Oaxaca y posteriormente localizadas sin vida en el estado de Puebla.
“Ninguna autoridad o ningún servidor público que haya actuado mal en torno a sus propias responsabilidades va a quedar impune; este es un mensaje muy contundente que queremos señalar desde la propia Fiscalía, pero eso va para cualquier otra instancia también. Estamos investigando a las propias autoridades allá (en Huatulco) y a la propia policía municipal de Huatulco”, sentenció el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
Explicó que uno de los detenidos era integrante del grupo de personas que fueron vistas por última vez en la región de la Costa, además de que se ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de un agente estatal de investigación que se encontraba encargado de la comandancia de la AEI en el municipio de Santa María Huatulco y un agente del Ministerio Público para casos de alto impacto, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.
“Tenemos pruebas documentales contra los tres imputados, que fortalecen la investigación por el caso de desaparición de personas originarias de Tlaxcala”, dijo el fiscal de Oaxaca al intervenir este martes en la conferencia semanal del gobernador Salomón Jara Cruz.
Detalló que la persona que era parte del grupo de personas originarias de Tlaxcala, identificado como L.E.S.V., fue detenido el 27 de febrero; en tanto que el fiscal para casos de alto impacto, se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrito a Huatulco) y el agente Estatal de Investigación, encargado de la comandancia en Huatulco, fueron detenidos por su participación directa en el delito de desaparición forzada de personas agravada. Ambos servidores públicos, agregó, se encuentran detenidos en los separos de la Fiscalía.
“Las investigaciones son sólidas, pues se ha logrado documentar a través de video, fotografías y declaraciones, que los servidores públicos tendrían participación por lo menos en el caso de una persona desaparecida en Huatulco”, precisó el fiscal.
Rodríguez Alamilla reiteró que el proceso de investigación está en curso y resaltó que este tipo de detenciones tiene el objetivo de señalar que ninguna mala actuación de los servidores públicos quedará impune, dentro de la Fiscalía de Oaxaca.
Asimismo, insistió que en este proceso de investigación se mantiene una colaboración continua con la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, así como con instituciones federales como la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa (DEFENSA) y Guardia Nacional con el fin de garantizar un adecuado proceso de procuración de justicia.
El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca expuso que, a raíz de este tipo de casos es importante informar sobre el panorama estatal respecto a los casos de desaparición de personas, pues hay una tendencia a la baja en la incidencia de casos, y que el mes de febrero presenta una disminución importante, pues en comparación con otras entidades en las que disminuye el homicidio doloso, pero aumentan las desapariciones, en Oaxaca ambos delitos presentan una incidencia a la baja.
Las regiones con mayores denuncias son Valles Centrales, Mixteca, Istmo, y Cuenca, dijo, y resaltó que hay un 85 por ciento de efectividad de la Fiscalía de Oaxaca en la localización de personas reportadas como no localizadas, además señaló que el 48.8% de personas desaparecidas son mujeres, mientras que 50.5% son hombres.
El fiscal Bernardo Rodríguez refrendó el compromiso que tiene la Fiscalía de Oaxaca con la investigación de delitos que tienen impacto directo en el tejido social de la entidad, por ello, ciñe su actuación a las facultades que otorga la ley por lo que, el funcionariado de la institución está obligado a cumplirlas y, en caso contrario se aplican los protocolos de control interno para evitar que el involucramiento en conductas delictivas
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