MEXICO, 15 ene (Xinhua) — El gobierno mexicano instaló hoy una comisión que coadyuvará a la investigación por la desaparición de 43 estudiantes magisteriales ocurrida en el sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014, con el fin de esclarecer su destino en el menor plazo posible.

     La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa está integrada por varios padres de las víctimas y funcionarios, quienes se apoyarán en expertos para realizar pesquisas propias que aporten a la investigación del Ministerio Público.

     Al instalar la comisión, la secretaria de Gobernación (ministra del Interior), Olga Sánchez Cordero, aseguró que se esclarecerá el destino de los 43 estudiantes para que los padres tengan una certeza de lo que les sucedió, algo que han demandado con protestas en las calles desde su rapto en la ciudad de Iguala, Guerrero.

     La responsable de la política interior de México apuntó que la pesquisa no parte de cero, ya que la investigación abierta durante el gobierno mexicano anterior (2012-2018) tuvo avances importantes, pero expuso que se deben corregir y descartar elementos falsos o incorrectos.

     “Pido respetuosamente a los integrantes de la comisión, a los expertos que de ella forman parte, su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible”, dijo Sánchez Cordero en la sede de la Secretaría de Gobernación.

     Los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron presuntamente raptados por policías de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando viajaban en autobuses por la ciudad.

     La administración pasada determinó que los policías entregaron a los jóvenes a pistoleros de la organización criminal “Guerreros Unidos”, con los que estaban coludidos, quienes los habrían confundido con rivales y desaparecieron sus cuerpos en una gran hoguera en un basurero cercano.

     Los padres de familia rechazan esa hipótesis, ya que estudios de expertos independientes posteriores desestimaron que la hoguera fuera lo suficientemente grande para consumir 43 cuerpos.

     “Les pedimos de todo corazón seriedad y resultados para llegar a la verdad y saber a dónde están nuestros muchachos o qué pasó con ellos”, dijo Emiliano Navarrete, padre del normalista Angel Navarrete, uno de los estudiantes desaparecidos, al tomar la palabra durante el acto.

     La comisión cobra vida a partir de un decreto firmado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 3 de diciembre pasado, dos días después de que asumió el cargo e inició su administración.

     El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, detalló que la comisión contará con recursos para la contratación de expertos y la logística necesaria para su pesquisa.

     Los integrantes de la comisión, que calificó de un mecanismo extraordinario y un nuevo modelo de intervención, se entrevistarán con funcionarios que cuenten con información y con sospechosos presos que quieran colaborar, agregó Encinas.

     “Partimos de una sola premisa: la verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa respecto a la desaparición de los estudiantes (…) Encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir”, apuntó el subsecretario.

     De acuerdo con la administración pasada, alrededor de 130 policías, funcionarios y criminales fueron arrestados como sospechosos de los hechos, aunque algunos de ellos obtuvieron fallos judiciales a favor en 2018. 

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