Gobierno de NL usa a niños como objetos publicitarios y viola sus derechos: ONGs (nota de SinEmbargo)

Por Redacción/SinEmbargo

Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Save The Children hicieron un llamado al Gobierno de Nuevo León a aceptar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación de derechos de niñas y niños del DIF Capullos.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Más de 20 organizaciones de protección de los derechos de la niñez instaron al Gobierno estatal de Nuevo León a aceptar la recomendación hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de que el Gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa, la titular de la oficina Amar A Nuevo León, Mariana Rodríguez, exhibieran a niñas y niños del DIF Capullos en redes sociales.

En un comunicado, instituciones como Save The Children, World Vision México y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indicaron que al no seguir las recomendaciones, la administración estatal “victimiza a las infancias a su cargo, continuando con la violación a sus derechos” contenidos en la Constitución y tratados internacionales.

“El rechazo a la recomendación podría incrementar riesgos e indefensión de niñas y niños víctimas en DIF Capullos, por abuso de poder a cargo de servidores públicos, quienes los usan como objetos de propiedad personal”, reclamaron las ONGs.

Asimismo, recalcaron que utilizar a la niñez institucionalizada “como objetos publicitarios constituye también un acto ilegal de abuso de poder”. En caso de que se mantenga el rechazo a la recomendación, notaron, el caso podría presentarse ante el Congreso estatal para llamar a rendir cuentas al Gobernador.

“Desacatar la legislación mexicana y tratados internacionales que protegen a la niñez es una inconsistencia legal y política si se pretende protegerles”, remarcaron.

La recomendación 005/2022, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) el pasado 8 de julio, atiende las violaciones a los derechos humanos y al interés superior de la niñez cometidos por Rodríguez y García al sustraer a un bebé con discapacidad de las instalaciones del DIF Capullos y publicitarlo en sus redes sociales.

Después de esto, los funcionarios volvieron a violar estos derechos el pasado 2 de agosto cuando volvieron a sustraer a niñas y niños de DIF Capullos, publicando nuevamente sus fotografías en sus redes sociales, en claro desacato a las medidas de protección y la recomendación del organismo público autónomo.

“El viernes 5 de agosto se dio a conocer en algunos medios el rechazo a la recomendación; pero el Gobierno de Nuevo León no ha hecho pública su negativa, formalmente y acorde con lo que indica la ley. En caso de confirmación, el rechazo a la recomendación incrementará los riesgos e indefensión de niñas y niños víctimas que llegan al DIF Capullos, pues es previsible que, abusando de su poder, continúen usando a niñas, niños y adolescentes como objetos de propiedad para sus fines personales y políticos, negándose a reconocerles como personas sujetas de derechos”, agregaron en el comunicado.

Recordaron que en caso de mantenerse la negativa a aceptar la recomendación hecha por la Comisión, la Fiscalía o la autoridad administrativa correspondiente debería de “actuar de inmediato” para sancionar a las y los servidores públicos señalados.

“Rechazamos la utilización de la niñez para las estrategias de publicidad personales y políticas, la explotación de su imagen y difusión de la vida privada e intimidad de cualquier niña o niño en situación de vulnerabilidad. Exponer sus rostros y sus historias ya ha dejado una huella digital en detrimento de sus derechos fundamentales, su dignidad como personas y las posibilidades de construir efectivamente un proyecto de vida digna al ser utilizados como objetos de propaganda política. Queremos dejar claro además, que la exposición y difusión de la vida privada e intimidad de cualquier niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad, constituye un abuso de poder e injerencia de las autoridades de Nuevo León sobre su derecho a la privacidad”, concluyeron.