“Ganar por ganar”, chiquillada que desprestigia moralmente a Morena. Autor: Felipe de León López

Felipe de León López

Aún no arranca el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión —ese que formalmente va del 1 de febrero al 30 de abril— y en Morena ya descorcharon el champán. Celebran, muy solemnes, que lograron “convencer” a las dirigencias de sus aliados PT y Verde de anteponer el interés de México por encima de cualquier partido político (risas enlatadas incluidas). Claro, después de que en Oaxaca el PT le metió un susto de campeonato al impresentable Salomón Jara, los petistas ahora sueñan con lo impensable: tener, por primera vez en su historia inflada a pulmón presupuestal, dos gubernaturas —Oaxaca y Zacatecas—. Los verdes, por su parte, no se quedan atrás: exigen conservar Quintana Roo y San Luis Potosí, y ya miran con ambición de mediano plazo el botín chiapaneco.

¿Buena negociación? Para Morena, ganar perdiendo se ha convertido en doctrina. Sostener una “fórmula ganadora” que contradice cualquier catecismo moral que hayan predicado resulta puro pragmatismo crudo, ese que a muchos militantes les provoca algo más que incomodidad: náusea. Cualquier estratega geoelectoral con acceso a datos elementales sabría que el PT no tendría por qué seguir mamando del presupuesto: sus números reales están muy por debajo del chantaje político que ha sabido cobrarle a Morena. El Verde, reciclado con sangre joven del PRI, apenas tendría fuerza para sostener algunos legisladores y alcaldías, y aun así va a la baja en gubernaturas.

Faltan días para levantar el telón legislativo y los operadores morenistas ya se pasean como si hubieran reinventado la rueda de las alianzas. Presumen un “acuerdo histórico” que, visto sin maquillaje, no es más que un trueque de poder sin el menor pudor. ¿Cuál es exactamente el “interés superior de México” para Luisa Alcalde, Alberto Anaya y la gerente verde Karen Castrejón? ¿De verdad alguien cree que los principios ultraconservadores provida y una supuesta filosofía maoísta conviven armoniosamente para el bien de la nación? Ese argumento ya no se lo compran ni en las telenovelas de Televisa o TV Azteca, pero sigue siendo el comodín favorito para tomarnos el pelo.

Mientras algunos petistas sueñan despiertos con coronarse en Oaxaca y Zacatecas —como si repartir gubernaturas fuera tan sencillo como repartir volantes en un mitin—, los verdes afinan su lista de deseos con la disciplina de un niño bien portado: San Luis Potosí, Quintana Roo y, de reojo, Chiapas. Y claro, ambos partidos ya se relamen pensando en las alcaldías de la CDMX, dispuestos a estrechar todavía más el margen de maniobra de la Jefa de Gobierno.

Pero no nos engañemos: negociar ganando perdiendo es ya el deporte favorito de Morena. Mantener la fórmula de “todos ganan, nadie queda satisfecho” es la especialidad de la casa, aunque para ello haya que tragarse el manual de la moral en un solo bocado. El pragmatismo es la nueva religión y, si de paso algunos aliados se quedan con hueso y presupuesto, pues que viva la congruencia… aunque provoque arcadas entre la propia feligresía.

Así llegamos a este domingo, cuando arranca formalmente el segundo periodo de sesiones en el que diputados y senadores deberían desempolvar más de mil iniciativas, atender el rezago de al menos 70 leyes reglamentarias y coordinarse con congresos locales igualmente célebres por su lentitud. Seis reformas serán las torales, pero hay una diseñada para sacar dientes, muinas, hachas, flechas y machetes: la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí va la advertencia: el reciente “acuerdo” con PT y Verde no garantiza en absoluto disciplina legislativa. Podrán ser ambiciosos, pero no son tan tontos como para darse un tiro en el pie.

La reforma electoral ya se perfila como el tema más candente del periodo y la resistencia no viene solo de la oposición. El debate ya inició en el corazón mismo de la llamada 4T. Por un lado, las élites dinásticas incrustadas como clanes familiares, reacias a soltar el poder en presidencias municipales y gubernaturas como Guerrero, San Luis Potosí o Zacatecas. Por el otro, los eternos partidos incómodos, sobrerrepresentados y carísimos, que funcionan como comparsas del partido predominante en cada época y que ahora ven con horror una reforma que amenaza su negocio minorista: cien plurinominales menos, 25% menos prerrogativas y adiós a jugosas comisiones legislativas. ¿De verdad verdes y petistas están dispuestos a renunciar a estos privilegios?

El derecho de las minorías es incuestionable; eliminarlo sería un retroceso histórico y una bofetada a las luchas sociales y políticas de los años cincuenta, sesenta y setenta. Pero también es cierto que ese derecho se pervirtió hasta producir una fauna de políticos reciclados —pasados de vivos— que brincan de curul en curul sin pisar una campaña ni pelear un solo voto ciudadano. Nuestra democracia electoral, construida sobre la desconfianza —porque todos los partidos se asumen, en el fondo, como potencialmente fraudulentos—, ha resultado carísima: una democracia de mostrador que cuesta demasiado para un país lleno de carencias. Tan solo en 2024, el costo de la democracia electoral superó los 72 mil millones de pesos, colocándonos entre los sistemas más caros del mundo, todos financiados generosamente por el Estado.

Por supuesto, PRI y PAN ya tendieron puentes para contener la reforma y seducir al PT y al Verde, aunque sin ofrecerles garantías claras. Las discusiones se anticipan largas y ásperas, no solo por el adelgazamiento político-partidista, sino por los efectos colaterales que la reforma podría tener en los órganos electorales, la representación política y la participación ciudadana.

A esto se suman la implementación de la reforma judicial, la reducción de la jornada laboral, la actualización del marco penal y otras iniciativas sociales y ambientales, todo en un calendario apretado y con un rezago legislativo que ronda el 87%. Peor aún: unas 70 leyes de armonización siguen esperando turno, y la reforma electoral corre el riesgo de aprobarse a toda prisa… para luego quedar inoperante por la misma negligencia legislativa.

Así, la agenda entre febrero y abril de 2026 pondrá a prueba algo más que la capacidad de negociación —concertacesión, dirían los clásicos— del partido dominante. Pondrá en evidencia el liderazgo y la pericia política de los operadores de la presidenta Sheinbaum, en la primera gran reforma con su sello propio, que entre caprichos y falta de operadores de alto nivel ha ido complicando, innecesariamente, su propia viabilidad.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com

A partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril tendrá lugar el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, en el que diputadas, diputados y senadores buscarán desempolvar más de mil iniciativas de ley y atender el rezago de más de 70 leyes reglamentarias y vinculantes con los congresos locales, donde también destaca la lentitud en el procesamiento de debates. Se discutirán seis reformas principales, pero una en particular promete desatar controversia y confrontación: la reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum.

Dicha reforma electoral se perfila como el tema más candente y polémico del periodo, generando debates intensos entre las distintas fuerzas políticas y movilizando tanto a legisladores como a la sociedad civil. De hecho, el debate ya comenzó y la resistencia se encuentra en el corazón mismo de la llamada 4T.

Por un lado, están las élites del poder dinástico, incrustadas como clanes familiares que se niegan a soltar el control en presidencias municipales y gubernaturas, como en Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por otro lado, los aliados incómodos: partidos sobrerrepresentados y costosos que operan como comodines y comparsas, temen perder el lucrativo negocio minorista que ha pervertido el derecho de las minorías, con el recorte de cien plurinominales y una reducción del 25 por ciento en prerrogativas partidistas, además de menos ingresos por las comisiones que llegan a presidir.

El derecho de las minorías es innegable; eliminarlo sería un retroceso y una afrenta a la lucha social y política de los años 50, 60 y 70 contra el régimen autoritario que gobernaba el país. Sin embargo, es cierto que este derecho se ha desvirtuado, al grado de tener políticos que saltan de una curul a un escaño sin competir por el voto ciudadano, asegurando sus lugares por cuotas partidistas. También es innegable que nuestra democracia electoral, fundada en la desconfianza (pues todos los partidos políticos se reconocen como fraudulentos), ha resultado sumamente costosa. Es una democracia comercial difícil de presumir en un país con tantas carencias.

Para ponerlo en perspectiva, el costo de la democracia electoral en México, solo en 2024, superó los 72 mil millones de pesos, reflejando un sistema altamente financiado por el Estado… y súmele las aportaciones no fiscalizadas que, aunque se nieguen, existen… posicionando a nuestro modelo electoral entre los más caros del mundo.

Por supuesto, el PRI, que junto con el PRD se encamina a un descalabro electoral y cuya fuerza está muy por debajo de lo que presume, ha tendido puentes para contener la reforma y atraer a sus antiguos aliados, el PT y el Verde, aunque sin ofrecerles garantías. Quizá por eso, petistas y verdes, movidos por sus intereses, buscan negociar con sus actuales mecenas de Morena para obtener, sin esfuerzo, gubernaturas, alcaldías y más diputaciones.

Se prevé que las discusiones sean largas y acaloradas, dada la trascendencia de modificar las reglas del juego democrático en México. Aunque la reforma centra la atención en el adelgazamiento político-partidista, poco se habla de sus otros efectos, que podrían impactar directamente la estructura y funcionamiento de los órganos electorales, así como la participación ciudadana y la representación política.

Además de la reforma electoral, el Congreso deberá prestar especial atención a la implementación de la reforma judicial, la reducción de la jornada laboral, la actualización del marco penal, y otras iniciativas clave para el bienestar social, la protección ambiental y la revisión de reglamentos internos.

Todo esto se desarrollará en un calendario apretado, donde cada día de sesión será crucial para avanzar en los temas pendientes y responder a las demandas sociales actuales. Para los legisladores, estos temas son fundamentales, pues existe un retraso de más del 87 por ciento en la revisión de iniciativas y, peor aún, han dejado alrededor de 70 leyes de armonización para después, cuando son cambios necesarios derivados de enmiendas constitucionales ya aprobadas. La reforma electoral podría enfrentar el mismo destino: ser aprobada rápidamente pero quedar inoperante por el rezago provocado por los legisladores federales y locales.

Amigas y amigos de Radio Educación,

Sin duda, la agenda legislativa entre febrero y abril de 2026 será intensa y llena de retos, poniendo a prueba la capacidad de negociación y concesión —concertacesión, como diríamos antes— de los operadores parlamentarios de Morena, y sobre todo, el liderazgo y habilidad para construir consensos de los operadores políticos de nuestra presidenta Sheinbaum en su primera reforma de gran calado.