«Lasciate ogni speranza» Dante Alighieri, Infierno, Canto III
Hasta el momento, todo lo que se ha emprendido para combatir al crimen organizado y para reducir los índices de violencia en el país, absolutamente todo, ha fracasado. Muchos mexicanos, especialmente los que votaron por López Obrador, que son la mayoría, tienen confianza en que el nuevo gobierno pueda, por fin, manejar adecuadamente el problema y solucionarlo. Sin embargo, en los casi tres meses que lleva el nuevo gobierno, y a juzgar por las cifras de homicidio que van a la alza, superando incluso los números de Calderón y Peña Nieto en sus primeros tres meses, el futuro no parece prometedor.
El 21 de febrero, el Senado aprobó por unanimidad las modificaciones constitucionales que crean la Guardia Nacional y establecen los ejes rectores de su funcionamiento. Y decir “por unanimidad” no es poca cosa. El consenso alcanzado en el Senado es muestra clara y contundente de que México está muy lejos de caer en una dictadura, como mucha gente sostiene, a mi juicio de forma exagerada y poco seria. El presidente López Obrador tiene un gran poder, pero no tiene todo el poder. Y si bien goza de gran margen de maniobra y puede, por medio de Morena y sus aliados, aprobar o bloquear cualquier ley ordinaria, no puede hacer lo que le venga en gana, y si de modificaciones constitucionales se trata, necesita la anuencia y la concurrencia de la oposición. Recordemos que incluso los gobernadores priístas habían expresado apoyo a una Guardia Nacional con mando militar, y operaron para que los legisladores de sus respectivos estados aprobaran el dictamen tal como lo quería el presidente. Pero hubo un ejercicio muy constructivo de Parlamento Abierto que no fue una simulación, como los detractores de Morena acusaban, sino una verdadera discusión en donde se expresaron las desventajas del mando militar y los riesgos en materia de derechos humanos. El hecho de que por unanimidad el Senado aprobara las reformas constitucionales es garantía de que México no se militarizará. Al día siguiente de esta histórica jornada en el Senado, el presidente manifestó beneplácito. Aún falta que lo aprobado por el Senado regrese a la Cámara de Diputados, que no se haga ulterior observación y que pase a los congresos estatales para que al menos diecisiete de ellos voten a favor. Pero para fines prácticos, podemos decir que el presidente ya tiene su Guardia Nacional. ¿Enhorabuena?
El problema de la violencia y del crimen organizado se disparó a partir de diciembre de 2006. Se ha dicho que Calderón, desprestigiado y bajo la duda del fraude electoral, necesitaba un golpe de fuerza para legitimarse. Cuando era presidente electo viajó a Colombia y se entrevistó con el presidente Álvaro Uribe, quien había tenido cierto éxito combatiendo a los cárteles y a las FARC y gozaba de prestigio en su país y en el extranjero. Uribe habría sugerido al presidente electo de México que diera un golpe contundente contra las bandas delincuenciales tan pronto entrara en funciones. Sea o no verdad el episodio de la sugerencia del presidente colombiano, lo cierto es que Calderón lanzó lo que él mismo llamó una “guerra” contra el crimen. Los resultados son conocidos por todos: una espiral de violencia sin precedentes que ha sido debidamente documentada y analizada; una espiral de violencia que cada año es peor y que parece no tener solución.
Contra la violencia y el crimen organizado se ha intentado todo, incluso la participación del Ejército y la Marina. Los esfuerzos de los gobiernos han sido infructuosos. Veamos:
En 1999, Zedillo creó la Policía Federal Preventiva que dependió de la Secretaría de Gobernación. Cuando llegó Fox al poder, creó la Secretaría de Seguridad Pública y a ella adscribió a la Policía Federal Preventiva, con lo cual la Secretaría de Gobernación dejó de ejercer facultades en materia de seguridad pública. Paralelamente a esta fuerza, existía un conglomerado variopinto, poco efectivo y de muy mala reputación, que servía al Ministerio Público Federal, y por tanto dependía de la Procuraduría General de la República: me refiero a la Policía Judicial Federal, que ni era policía ni era judicial. ¿Quién no recuerda la nefasta fama que tenían sus agentes, los temibles “judas” o judiciales, verdaderos expertos de la tortura y de la violación de los derechos humanos? Fox pensó que ese cuerpo debía desaparecer y ser sustituido por una Agencia Federal de Investigación –algo así como el FBI mexicano– que creó por decreto en noviembre de 2001. Pero esta Agencia Federal tuvo una triste existencia. ¿Quién no recuerda la detención de Florence Cassez en diciembre de 2005 y el montaje que preparó la AFI bajo el mando del siniestro Genaro García Luna, para que asistieran los medios (Carlos Loret, las cámaras de Televisa y de Azteca) y para hacer creer a todos los mexicanos que las capturas y el operativo estaban siendo transmitidos en vivo, a todo color y en tiempo real? Un verdadero atropello contra la democracia y la seguridad jurídica. Calderón, ya presidente, premiaría a García Luna meses después nombrándolo secretario de Seguridad Pública. Con estos personajes al frente de estas instituciones no debería sorprender a nadie que los índices de violencia y el poder de los cárteles fueran siempre a la alza.
Ante la multiplicidad de fuerzas y mandos, Calderón, asesorado por su gurú en materia de seguridad pública, Genaro García Luna, unificó la AFI y la Policía Federal Preventiva, y esta fusión recibió el nombre de Policía Federal. En teoría, estas eran las fuerzas civiles de las cuales disponía el presidente para combatir al crimen. Pero a Calderón le pareció insuficiente y decidió involucrar al Ejército. Desde que protestó el cargo el 1 de diciembre de 2006, Calderón emprendió su cruzada contra el crimen, con todo el poder del Estado, pero sin una estrategia calculada, inteligente y efectiva. Todo lo contrario, esta guerra fue una serie de golpes burdos y poco eficaces que incluyeron montajes de televisión para que, a través del aparato gubernamental de comunicación, los mexicanos tuviéramos la impresión de que el presidente estaba ganando la partida. ¿Quién no recuerda a Calderón vestido de militar, con una gorra a lo De Gaulle, ataviado con un uniforme que le quedaba francamente grande y que le hacía ver ridículo?
Todo fue en vano. La estrategia de Calderón incrementó los índices de violencia como nunca antes en la historia de México. Cuando llegó Peña al poder, se encontró con un río de sangre, pero incurrió en más errores que agravaron la situación año con año. A Peña se le ocurrió desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y devolver a la Secretaría de Gobernación facultades en esta delicada materia. Creó una Gendarmería Nacional, que en realidad ha sido una división más de la Policía Federal. La idea original de Peña era que esta Gendarmería fuera un cuerpo que dependiera del Ejército, y no una simple división de la Policía Federal, pero la reacción de la oposición, de los académicos y de los activistas pro derechos humanos le hicieron ver que ello no sería posible, así que se desistió y la Gendarmería quedó con poco margen de maniobra. 2018, último año de su gobierno, ha sido el más violento y mortífero desde que se hacen estas mediciones. Y a juzgar por el inicio del gobierno de López Obrador, 2019 podría superar ese terrible récord.
Es un hecho que todos los intentos de los gobiernos para frenar al crimen organizado y serenar al país han fracasado. Todos han tenido un denominador común: las fuerzas encargadas de combatir al crimen siempre han estado bajo mando civil y sus miembros han sido ajenos a la disciplina y estrategia militares. Tan es así, que Calderón y Peña tuvieron que hacer uso del Ejército y de la Marina. Con la nueva Guardia Nacional se está incurriendo en el mismo defecto: habrá un mando civil. Es una cuestión simple de división del trabajo: que cada quien haga lo que le corresponde. Los militares y los marinos tienen una formación y una disciplina castrenses, son expertos en combate y se entrenan toda su vida en la estrategia. Los civiles no. Sé que usted pensará que poner la Guardia Nacional bajo mando militar implica la militarización de México. Yo creo que no, pero ese no es el problema. El problema es asumir o suponer que los miembros de las fuerzas armadas son brutos y sanguinarios, proclives por naturaleza a la violación de derechos humanos, autómatas que dispararán a la orden del comandante sin importar si están apuntando a sus propias familias. La verdad es que no es así. Las fuerzas armadas mexicanas están conformadas por personas de gran preparación técnica, expertos en varias materias, con un compromiso y una amor incondicional a México. Hay técnicos, profesionistas y humanistas reconocidos como los mejores en sus ramos: ingenieros, médicos, dentistas, historiadores, abogados, estrategas y un largo etcétera. Claro que ha habido malos elementos que han engrosado las filas de la delincuencia, pero no es lícito generalizar. Me siento incómodo cuando la gente se refiere a los miembros de las fuerzas armadas como un peligro. El peligro son los delincuentes, los cárteles, los tratantes, los secuestradores, los sicarios, los extorsionadores. Estamos en una situación de la máxima gravedad y queremos solucionarla con medios que no han funcionado.
A mi juicio, tal como quedará el marco normativo que regirá a la Guardia Nacional, estaremos de facto en una situación similar a la que nos encontramos, con la diferencia de que la participación del Ejército y la Marina ya no estarán al margen de la Constitución. Es decir, se justificará constitucionalmente la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y no sólo en cuestiones de seguridad nacional. En otras palabras, tendremos una especie de híbrido entre lo que podría denominarse las estrategias –si es que es posible llamarlas así– calderoniana y peñista. Sé que lo que estoy diciendo puede desilusionar y molestar a muchos. Y sé que lo que a continuación diré enfurecerá a otros tantos: el modelo del mando militar que pedía el presidente era el adecuado. Se desechó por un temor, hasta cierto punto infundado, de que nuestros militares nos traicionarían y de que acabaríamos convertidos en una dictadura militar al servicio de López Obrador. ¡Por favor! Muchos mexicanos piensan que nuestros generales y almirantes son de la misma estirpe que Victoriano Huerta, y a este infame personaje lo citan para ejemplificar el riesgo que correríamos con un mando militar en la Guardia Nacional. Pero, como acabo de decir, nuestras fuerzas armadas son garantía de probidad, honradez y eficacia. Todos los políticos alaban en público a las fuerzas armadas, pero ninguno de ellos, salvo el presidente, confía en ellas. Es duro decirlo, pero es la verdad. Qué pena que por prejuicios estemos implementando un esquema que muy probablemente falle, y cuando ello ocurra, esas mismas fuerzas leales y patrióticas cargarán con las culpas, porque el presidente se lavará las manos y se escudará, con razón, en el hecho de que no obtuvo el instrumento que pidió al constituyente permanente para serenar al país.
Ojalá esté yo equivocado y la Guardia Nacional sea un éxito: que la paz vuelva a nuestras ciudades, que el crimen organizado quede acotado, disminuido, y que podamos vivir todos sin miedo. Pero algo muy importante hay que tener en consideración: si el Congreso hubiese aprobado exactamente lo que pedía el presidente –la oposición estaría pegando el grito al cielo e iniciando acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y existiera ahora mismo una Guardia Nacional con mando y estrategia militares, estaría igualmente condenada al fracaso de no darse paralelamente dos acciones fundamentales: la despenalización de los estupefacientes –todos absolutamente– y su debida regulación, por un lado; y el mejoramiento de las condiciones económicas y culturales, particularmente para los casi 54 millones de personas que viven con menos de tres mil un pesos al mes (datos del Coneval). Sin estas dos cuestiones en paralelo, podríamos implementar un ejército conformado con los mejores hoplitas espartanos (trescientos resistieron –bajo el lema «vuelve con el escudo, o encima de él»– a miles de persas en las Termópilas), o podría encargarse del problema el mismísimo ejército de los Estados Unidos, in situ, con todo su inigualable poder; si no se despenalizan y regularizan las drogas y no se mejoran sustancialmente las condiciones económicas y culturales de los más pobres, todo estará condenado al fracaso.
Inicié el artículo con una célebre cita de la Divina Comedia: «Lasciate ogni speranza». Es la inscripción de La Puerta del Infierno. Significa: «abandonad toda esperanza».
@VenusReyJr
