16 de noviembre de 2023.– Francisco Simón, editor de Prensa Comunitaria, apuntó que el Ministerio Público de Guatemala está tratando de “judicializar y boicotear la juramentación del binomio presidencial” programada para el próximo 14 de enero, conformado por Bernardo Arévalo y Karen Herrera, vicepresidenta electa, a pesar del respaldo popular que los llevó a ganar las elecciones en agosto pasado.
La fiscalía, en manos de Saúl Sánchez, busca sustraerles el fuero constitucional por los delitos de “depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias”, luego de haber expresado su apoyo en redes sociales a una ocupación universitaria en mayo de 2022. En aquel momento, “estudiantes, docente, trabajadores y otros sectores” de la población tomaron la sede central de la Universidad de San Carlos (USAC), la única estatal, en protesta por la elección de Walter Mazariegos como rector, quien era “decano de la Facultad de Humanidades” y a quien consideran cercano al presidente derechista Alejandro Giammattei, la cual calificaron como fraudulenta debido a que tanto “militares” como “agentes de seguridad del estado” impidieron que los representantes estudiantiles ejercieran su voto, manifestó este jueves en entrevista con Julio Astillero.
Estos hechos desencadenaron que la fiscalía emitiera “27 órdenes de aprehensión” en contra de académicos, “excandidatos a la rectoría”, estudiantes y defensores de derechos humanos que participaron en la “resistencia” al encumbramiento de Mazariegos. De acuerdo con Simón, por lo menos 7 personas ya han sido detenidas, en tanto que funcionarios públicos inmiscuidos en este asunto han hecho valer la inmunidad que les otorga sus cargos y otras personas más han recurrido al exilio, como el exaspirante a la rectoría Jordán Rodas y el procurador de Derechos Humanos Alberto Brunori.
Sin embargo, entre la gente que ya ha sido detenida, se encuentra Marcela Blanco, una activista que aspiraba a ser diputada por el partido Semilla (instituto político al que Arévalo está adscrito). Esta acometida del Ministerio Público se suma a la inhabilitación del partido del binomio presidencial electo y a los recursos legales emprendidos contra el Tribunal Superior Electoral –que legitimó la victoria del sociólogo e izquierdista moderado–; frentes que también abrió la fiscalía.
La decisión de aprobar o rechazar los antejuicios promovidos Sánchez está en manos de la Corte Suprema, la cual acaba de renovarse la noche de este miércoles tras cuatro años de impasse en el Congreso. Esa mismo día, el poder legislativo, con mayoría oficialista, aprobó los nuevos nombramientos en medio de un clima de “violencia y restricciones a la prensa”, señaló el también sociólogo Francisco Simón.
Por su parte, Bernardo Arévalo ha denunciado que el país está en presencia de un “golpe de Estado en curso” que inició el 25 de julio pasado, cuando ganó la primera vuelta de los comicios, cuyo fin es evitar que tome posesión en enero de 2024.
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