Sheinbaum explica qué debe ocurrir para extraditar a Rocha Moya y el papel de la Fiscalía en el análisis del caso.
Óscar Eduardo Guzmán | Quinto Poder
La posibilidad de una extradición colocó el caso de Rubén Rocha Moya en un nuevo nivel de tensión institucional. La acusación presentada en Estados Unidos abrió un frente jurídico que ahora depende de procedimientos formales en México, donde autoridades federales ya recibieron solicitudes relacionadas con la detención provisional con fines de extradición.
El tema fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien detalló el proceso que debe seguirse y las condiciones necesarias para que una eventual entrega ocurra conforme a la legislación mexicana.
¿Qué tendría que pasar para extraditar a Rocha Moya?
Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que el proceso inició con la recepción de documentos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según lo expuesto, el 28 de abril por la noche se recibieron solicitudes relacionadas con 10 ciudadanos mexicanos.
Al día siguiente, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco legal vigente. Este paso marca el inicio de la evaluación formal sobre la viabilidad de una extradición. En su declaración, Sheinbaum precisó que la Fiscalía debe revisar si existen elementos suficientes:
“Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
También subrayó que la legislación mexicana exige datos de prueba para solicitar órdenes judiciales, lo que condiciona cualquier avance en el proceso.
El papel de la Fiscalía y la revisión de pruebas
La presidenta explicó que la Fiscalía General de la República no solo analizará los documentos enviados, sino que también iniciará una investigación propia para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones. De acuerdo con el posicionamiento, la autoridad debe:
- Analizar la documentación recibida
- Determinar si hay elementos probatorios suficientes
- Evaluar la viabilidad de la solicitud
- Definir si existen condiciones para proceder legalmente
Además, se señaló que la legislación mexicana establece que para solicitar una orden de aprehensión se requieren datos que permitan inferir la posible comisión de un delito. En paralelo, Sheinbaum insistió en que el proceso debe respetar el marco jurídico nacional y no responder a presiones externas.
“No vamos a cubrir a nadie”: postura del gobierno
La mandataria fijó una línea clara sobre la actuación del gobierno frente a las acusaciones. En su mensaje reiteró que no habrá protección para quienes hayan cometido delitos, pero también enfatizó la necesidad de pruebas. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó.
Sin embargo, añadió que sin evidencia suficiente, las imputacionespueden tener otro carácter: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
En el mismo posicionamiento, hizo referencia a la soberanía nacional y al papel del Estado mexicano en la toma de decisiones: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobiernoextranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?
El caso fue anunciado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con la DEA, encabezada por Terrance C. Cole.
El documento señala a varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los acusados se encuentra Rubén Rocha Moya, junto con otros perfiles políticos y de seguridad pública. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, los señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
- Cargos y posibles sanciones
- Los cargos descritos en el documento incluyen delitos relacionados con drogas y armamento. En la lista de acusaciones se mencionan:
- Conspiración para la importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración para poseer ese tipo de armamento
Las penas contempladas en estos casos incluyen cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión en caso de una sentencia condenatoria. El documento también señala que los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial.
Un proceso condicionado por pruebas y legislación
La propia presidenta señaló que el punto central del proceso es la existencia de pruebas. En su mensaje reiteró: “Frente a una acusacióntiene que haber pruebas contundentes“.
Además, recordó que México mantiene una relación de igualdad con otras naciones y que cualquier procedimiento debe respetar la soberanía del país.
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