Extorsión en el sur de México indica migración de pandillas centroamericanas; Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18 con más presencia (nota de Sean Doherty en Insight Crime)

Las denuncias de aumento de la extorsión en el sur de México indican que las campañas antipandillas en Centroamérica pueden estar llevando a la migración de pandilleros, que engrosan las filas de lo que fueran modestos programas mexicanos y les permiten redoblar sus actividades criminales.

En el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público en Chiapas, estado en el extremo sur de México, en la frontera con Guatemala, han denunciado un aumento de los intentos de extorsión por parte de “delincuentes centroamericanos”, según una investigación de Associated Press (AP), publicada el 25 de enero.

Las poblaciones alrededor de Tapachula, ciudad al norte de la frontera Guatemala-México, han sido las más afectadas. En Huixtla, localidad a 80 kilómetros de la frontera, han disparado a conductores y se presume que en el último año se generalizó la extorsión, según AP y medios locales.

Conductores de autobuses, busetas de transporte público y taxis de varias localidades de Chiapas presentaron a la AP documentos que demuestran los pagos extorsivos que tuvieron que hacer en el último año. Se dice que al menos tres conductores han sido asesinados por negarse a pagar, mientras que otros han recibido golpizas y les han quemado sus vehículos, según el medio mexicano Excelsior.

En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra miembros de la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18 en Chiapas. Entre enero y septiembre de 2022, fueron detenidos en Chiapas un total de 148 presuntos pandilleros, incluyendo 50 de El Salvador, si bien no se especificaron los cargos. En la policía del estado se creó una fuerza de tarea especial antipandillas y se desplegaron 350 soldados en los centros de transporte para responder al problema.

La MS13 y Barrio 18 son las dos pandillas más fuertes de Centroamérica, cada una con decenas de miles de pandilleros.

Las autoridades han señalado abiertamente la actual campaña en El Salvador, que ha puesto en prisión a más de 60.000 supuestos pandilleros y motivó la huida de muchos del país.

“Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá”, según declaró el fiscal estatal de Chiapas para asuntos migratorios, José Mateo Martínez, a la AP.

Análisis de InSight Crime

Es verosímil la hipótesis que investigan las autoridades, que dice que los pandilleros salvadoreños quieren replicar su economía criminal más importante en Chiapas.

El estado, en especial Tapachula, ha sido por mucho tiempo punto de tránsito para los centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos. Y entre abril y septiembre de 2022, el número de migrantes salvadoreños que solicitan asilo en México, la mayoría en Tapachula, aumentó a 80% en relación con los seis meses anteriores.

“La presencia de la Mara Salvatrucha, por lo menos en Tapachula, lleva muchos años y siempre ha sido solamente de tránsito”, explicó Carlos García, experto en pandillas centroamericanas, quien reside en México y es corresponsal de InSight Crime.

La ofensiva antipandillas en El Salvador le ha quitado muchas de sus fuentes de ingreso y de su poder a la MS13 y al Barrio 18, con la reclusión de gran parte de sus miembros. Para escapar, algunos pueden haberse unido al flujo de migrantes hacia el norte con el fin de buscar otras fuentes de ingresos por fuera de El Salvador.

El tipo de delito que constituye las denuncias también coincide con la teoría del fiscal de Chiapas. La extorsión al sector de transporte público ha sido una fuente de ingresos consistente e importante para la MS13 y el Barrio 18 en Centroamérica. Chiapas limita con Guatemala y se encuentra a pocos cientos de kilómetros de El Salvador.

Pero puede que los salvadoreños no sean los únicos culpables. De los 148 presuntos pandilleros capturados en Chiapas, 61 eran mexicanos, 50 de El Salvador y 15 de Honduras.

“El reporte [de la AP] apunta que son miembros del Salvador, pero habría que ver si quienes han cometido los delitos son miembros […] son gente realmente del Salvador o son mexicanos que de alguna u otra manera están trabajando con salvadoreños”, comentó García.