Empresa usada por Juan Hernández para servicios a migrantes, partícipe de irregularidades en fideicomisos (por Martha Silva en PopLab)

Ilustración: Pinche Einnar.

La organización “Integra” ya había sido cuestionada por su participación con “Juntos Podemos” de Josefina Vázquez Mota, que recibió de EPN mil 500 millones de pesos para apoyo a mexicanos en EU

Martha Silva en PopLab

Integra Institute, la empresa con la que el secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, John Robert Hernández, estableció contratos y alianzas y que ya había sido cuestionada por su participación con” Juntos Podemos”, proyecto de Vázquez Mota, fue señalada como parte de las irregularidades de los fideicomisos desaparecidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que estos recursos no provenían de un fideicomiso, fueron presentados durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de un paquete de desvíos originados durante el pasado sexenio.

Una investigación retomada en marzo de 2019 por POPLab indicó que Juntos Podemos, a través de Parents Alliance y AEM USA Foundation (después llamada Integra Institute), recibió del gobierno mexicano más de mil millones de pesos entre 2014 y 2016 destinados para “apoyos a migrantes”, en una operación que fue cuestionada por su falta de transparencia, por no haber comprobado cómo fueron aplicados y debido a que la organización no estaba autorizada para obtener donativos.

Sin embargo, este miércoles se dieron a conocer montos exactos, que ascienden a más de 73 millones de dólares, que superarían los mil 500 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Fuente: Gobierno de México
Fuente: Gobierno de México

La firma del convenio del gobierno de Guanajuato, a través de la secretaría del migrante, con Integra provocó una crisis con la comunidad guanajuatense en los Estados Unidos, pues el cabildero republicano John Robert Hernández, primer titular de dicha dependencia, declinó acercarse a organizaciones de connacionales debidamente registradas ante el gobierno estadounidense y en su lugar eligió asociarse con la entidad llamada AEM-USA Foundation después conocida como Integra Institute, registrada después como Mexican Entrepreneur Association.

Para entonces, AEM-USA Foundation / Integra ya era señalada por irregularidades millonarias, pero además, de ser una organización sin la intención y vocación de apoyar a los mexicanos más vulnerables: en esos días se conoció que se pagaron boletos de avión y viáticos, traslado con chofer, en 2014 para Vázquez Mota y sus colaboradores con dinero que provenía de la partida presupuestal 44102, que tiene como objetivo “cubrir los gastos de traslado de enfermos, extranjeros, reos, heridos y cadáveres, así como gastos de repatriación de mexicanos radicados en el extranjero.”

A la luz de los hechos recientes, como la denuncia por el desamparo en que están los migrantes Jorge y Patsy García (él, guanajuatense de origen), hospitalizados desde agosto por graves quemaduras, víctimas de un ataque racista en Stockton, California, así como las inundaciones y destrozos que la tormenta tropical Beta dejaron en extensas zonas de Houston, Texas a finales de septiembre de este año, como dos de los ejemplos más extremos de necesidad de apoyos gubernamentales, apoyos que, denuncian líderes migrantes, se otorgan a veces discrecional, a veces de manera nulo, que han tenido por parte del entonces Instituto del Migrante, en 2014 o en este 2020, con la secretaría respectiva.

Ilustración: Pinche Einnar.
Ilustración: Pinche Einnar.

Abandono, omisión contra la comunidad migrante

Entrevistada en esos días (2019) a propósito de la firma del convenio con Integra Institute, Lolita Aviña, migrante originaria de San Francisco del Rincón y actual residente en Texas, integrante de la Asociación Guanajuatense, expresaba su inconformidad: “es importante que los acuerdos se hagan con las organizaciones adecuadas, por eso hay que hacer la tarea, antes de firmar acuerdos, revisar que la asociación con la que vamos a trabajar, en verdad trabaja con un propósito de ayudar a la comunidad y no perjudicarla”.

La joven migrante mencionó entonces que si la secretaría se acercara a estas asociaciones ya cumpliría con una de sus funciones: “empoderar a las organizaciones de guanajuatenses o sus clubes”, no obstante “para nuestra sorpresa vemos que se han firmado convenios con organizaciones que han demostrado que no tienen la intención de apoyar al mexicano que está más vulnerable, que necesita más de los servicios y apoyos” de su país, y no sólo tramitar licencias de conducir y actas de nacimiento, el objetivo del convenio con Integra.

Inhabilitación, como mínimo

Por otra parte, Omar Silva, migrante guanajuatense radicado en California, se pronunció sobre lo denunciado este miércoles por el gobierno federal, enfatizando en la necesidad de, no solo fiscalizar este y otros proyectos que involucren dinero etiquetado para los migrantes, sino de la inhabilitación de los funcionarios públicos involucrados, empezando por Josefina Vázquez Mota, premiada encima de todo, con una senaduría.

“La investigación identifica a dónde fueron dirigidos esos recursos, tenemos claro que llegaron a California, Texas, Utah… pero ese dinero no fue utilizado realmente en la comunidad migrante”. Y Vázquez Mota, dijo, no puede simplemente lavarse las manos de ese asunto, cuando implica nada menos que 73 millones de dólares repartidos en sabrá Dios cuántos bolsillos. “Se anuncia que no hay recursos para apoyo a los migrantes, pero cuando hubo tampoco llegaron”.

Omar Silva exhortó a vigilar los alcances de Guanajuato en ese entramado, puesto que, aseguró, el entonces gobernador Miguel Márquez brindó un apoyo a Vázquez Mota, en tanto que el actual mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo debe tener conocimiento de los acuerdos que Juan Hernández está realizando con estas organizaciones, para prevenir que se esté utilizando esta misma metodología, puesto que, afirma, el secretario tiene una organización sin fines de lucro en EUA al servicio de la propia SMEI.

El líder migrante también comenta que el tema es tan poco transparente que a la fecha no se sabe a ciencia cierta si la secretaría sigue colaborando con Integra en Texas, donde tienen su base las organizaciones hoy mencionadas, porque al menos en California no hay rastro de trabajo con las comunidades guanajuatenses.

Migrantes tienen derechos: envían remesas y votan

Mientras que Martina Grifaldo-Mendoza, otra líder migrante en Texas, denunció que no hay apoyos para aquellos que piden cuentas y son críticos de la Secretaría, la cual decidió firmar convenios con organizaciones bajo sospecha de corrupción. “No sabíamos cuánto dinero era, hoy estamos sorprendidos con estas cifras”.

El gobierno de López Obrador informó que AEM-USA / Integra recibió del Consulado de México en Dallas más de 3 millones de dólares en 2014, medio millón de dólares de la Embajada Mexicana en 2015 y del Consulado en Nueva York, casi 11 millones de dólares en 2016.

“Estoy en shock, ¡es una corrupción… son unos sinvergüenzas!”. Esos contratos no deberían existir, esas organizaciones a las que les dieron ese dinero, ¿qué hacen, dónde está ese dinero? Exijo que se haga una auditoría inmediatamente”, exigencia que alcanza a el secretario Juan Hernández, por qué accedió a hacer convenios con estas entidades, “organizaciones que yo ni conocía”.

“Han de estar en los barrios ricos a donde llegan los ricos de México, o los hijos de los políticos mexicanos. La clase media-baja ni siquiera va por esos barrios”. Si él (Juan Hernández) viene, renta un hall por allá, donde se reúne con ellos, nosotros ni nos enteramos, nunca llegan a hacer una convocatoria abierta”.

Esta exigencia está fundada en el derecho que tienen los migrantes de conocer el destino de estos recursos puesto que, por un lado, envían remesas a México y por el otro, son ciudadanos que conceden el voto. “No queremos que nos usen, queremos resultados, queremos una auditoría de esos 73 millones”.

Mencionó el caso de un joven guanajuatense que perdió todo en las inundaciones en la zona de Houston por la tormenta Berta el mes pasado, para quien Martina solicitó apoyo, mismo que le fue negado. Igual resultado ha tenido la gente en aprietos económicos por falta de trabajo a causa del COVID-19. “Nadie los ayuda, ni el municipio, ni el gobierno de Guanajuato ni el Consulado, nadie”.

Apoyo a migrantes, uno de los ejemplos de irregularidades en fideicomisos

Al revisar fideicomisos de Gobernación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores por indicación presidencial, Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, expuso que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior donó la totalidad de los recursos, 73 millones de dólares o su equivalente, mil 415 millones 969 mil 848 pesos, solamente a dos fundaciones: Parents Alliance y AEM-USA Foundation, esta última luego se convirtió en Integra Institute.

Las investigaciones previas ya había revelado que el dinero se habían entregado a través de seis consulados: Chicago, Dallas, Laredo, Los Ángeles, Nueva York y Washington, que luego fue usado para triangular el dinero público a favor de la fundación Juntos Podemos, pues se destinó a actividades extraordinarias (fuera del presupuesto), no etiquetadas y sobre las que no hubo fiscalización, pues su aplicación no se ajusta a la legislación mexicana en materia de trasparencia y rendición de cuentas.

El dinero, detalló el director de RTC, se entregó en 15 ministraciones, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016. Con el tipo de cambio actual, el monto asciende a más de mil 500 millones de pesos.

En 2017, explicó, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que “la forma de comprobación de los gastos de estos programas por parte del IME era deficiente, incompleta y sin soporte probatorio de los gastos, presumiendo un posible daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal”, sin embargo, la ASF “carece de facultares para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos federales recibidos en calidad de donación”. Recomendó prohibir las donaciones de este tipo a fundaciones privadas o públicas extranjeras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, advirtió que las denuncias por desvíos en los fideicomisos representan apenas “el prólogo, la introducción”, además de agradecer a los legisladores de ambas cámaras que, tras 14 horas de discusión, el Senado aprobara la extinción de los fideicomisos. Dijo además que se va a profundizar en las investigaciones, “porque son una muestra de la corrupción que imperó durante mucho tiempo” en México.

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