El INE y la Realpolitik, 50 años entre las patas de los caballos del poder. Autor: José Reyes Doria

José Reyes Doria | @jos_redo
Entre 1929, cuando la consolidación del régimen priista posrevolucionario, hasta 1976, la cuestión electoral no pintaba, porque el régimen era todopoderoso. En todos los comicios ganaba de calle el PRI, la maquinaria político-electoral era implacable. La estructuración política era vertical, las grandes masas estaban corporativizadas, les medios y los negocios tenían que pasar por el gobierno y el partido.
Sin embargo, en 1976 el régimen observó un problema de legitimidad, en el hecho de que la oposición, en particular el PAN, no tuvo fuerza ni relevancia para postular candidato presidencial que compitiera contra José López Portillo. Las fuerzas de izquierda estaban prácticamente proscritas. Por eso, entre otras cosas, se realizó la famosa reforma político-electoral de 1977, con el objetivo de abrir el juego y facilitar la participación de todas las fuerzas políticas, aunque el tema del árbitro electoral se tocó solo de forma tangencial.
Por eso digo que el INE lleva medio siglo en el ojo de huracán político, porque si bien su antecesor, el IFE, nació en 1990, su esencia estuvo presente en la primera reforma electoral de México en 1977.
La reforma político-electoral de 1977 ocurrió en un momento de dominio político pleno del régimen priista. El PRI-Gobierno acaparaba todo el poder político en el país, las oposiciones partidistas, sociales y culturales eras básicamente testimoniales. Vista en esa perspectiva, la reforma de 1977 fue una “concesión graciosa” del poder, un cambio que tenía como objetivo prioritario favorecer la inclusión de más fuerzas políticas en la contienda electoral, para que los triunfadores priistas gozaran de más legitimidad al existir adversarios formales.
Las elecciones presidenciales de 1988 mostraron que el dominio político del régimen priista se había desgastado aceleradamente en los sexenios de José López Portillo y de Miguel de la Madrid. Se acabó el desarrollo estabilizador, se incrementó la pobreza, la marginación, el desempleo, la corrupción. Se volvieron recurrentes las crisis económicas y afloró la inestabilidad social, las corporaciones obreras, campesinas y populares perdieron capacidad de sometimiento político-electoral. la legitimidad del régimen cayó significativamente, el neoliberalismo se estaba imponiendo en la conducción del Estado mexicano.
La fuerza del régimen para ganar elecciones se deterioró al grado de que, en la elección presidencial de 1988, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, tuvo todas las dificultades del mundo para llegar a la Presidencia de la República. La percepción mayoritaria es que el gobierno y su partido maquinaron un gran fraude electoral para robarle la Presidencia al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
De este modo, la reforma electoral de 1990 ocurrió con condiciones políticas cualitativamente distintas respecto a la de 1977. Ya no fue una concesión graciosa del poder, sino una necesidad surgida del reclamo democrático. Pero el régimen priista aún conservaba mucha fuerza en 1990, dominaba el Congreso, las gubernaturas, la política local, y todo el poder que da encabezar el gobierno federal sin contrapesos.
Por esa razón, la reforma electoral de 1990 no tuvo profundidad, los cambios significativos fueron escasos, y lo más relevante fue la creación del IFE. Aunque el IFE seguía encabezado y dominado por el gobierno federal, lo cierto es que la creación de un órgano electoral específico, concreto, exclusivo y con un mandato definido generó un valor simbólico que cristalizaría en su autonomía constitucional seis años después.
En 1994 se profundizó la descomposición política. Ocurrió una expansión violenta del crimen organizado, asesinaron a un Cardenal de la Iglesia Católica, secuestraron a múltiples personas de alto impacto, estalló la rebelión armada del EZLN en Chiapas. El último hito de la dominación priista, el de garantizar la paz social, estalló en pedazos. El PRI ganó las elecciones presidenciales de 1994, con Ernesto Zedillo, básicamente por el miedo y la zozobra de la población, no hubo rastros de fraude electoral, al menos no determinante.
Al inicio del sexenio de Zedillo estalló la peor crisis económica. Desastre total para las finanzas públicas, pérdida masiva de empleos, endeudamiento fabuloso, pérdida de casas, hipotecas, ahorros. La imposición del neoliberalismo requería cambios políticos profundos en México, o, de otra forma, estaba latente un estallido social de dimensiones imprevisibles.
En esas condiciones ocurrió la reforma político-electoral de 1996, de la cual emergió el IFE con autonomía constitucional e independencia del gobierno; y se generaron reglas menos inequitativas. Fue realmente un cambio político de carácter histórico. Las fuerzas opositoras partidistas, sociales, académicas, indígenas, obreras, estudiantiles, y demás, exigieron de forma irreductible esos cambios, y ahora tenían fuerza para lograrlo. Una fuerza opositora que se conjugó con el deterioro de las capacidades políticas del régimen, con las exigencias venidas del exterior (EEUU) de que ya era inaplazable un cambio profundo, e incluso una alternancia.
En 1997 el PRI perdió por primera vez la mayoría en el Congreso. En el año 2000 perdió por primera vez la Presidencia de la República. El modelo neoliberal no perdió terreno en su implementación realmente, pues el gobierno del PAN, de Vicente Fox y después de Felipe Calderón, profundizó su implantación, y gracias a que gozaron de un gran auge petrolero no hubo crisis económicas relevantes.
Tanto en las elecciones de 1997 como en las del 2000, en las que el régimen priista perdió el poder político, el IFE jugó un papel determinante. La credibilidad y la eficacia del árbitro electoral desdibujaron cualquier sospecha de fraude y cualquier intento de desconocer los resultados. Pero en la elección presidencial de 2006 se presentó otra vez una crisis político-electoral, que dio pie a una nueva reforma electoral por las sospechas de fraude del candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador.
Así vino la reforma electoral de 2007, que básicamente obedeció a recuperar legitimidad y estabilidad para el gobierno de Felipe Calderón, fuertemente cuestionado por las acusaciones de fraude electoral. Se le otorgaron más atribuciones al IFE para fortalecer sus capacidades de garantizar equidad, legalidad, y evitar todo tipo de manipulaciones de gobiernos, partidos, empresarios, sindicatos, etcétera. Después vinieron otras reformas electorales más o menos importantes, pero sin la relevancia de las anteriores.
Y así llegamos al momento político actual. Una coyuntura donde una fuerza política como Morena, ha logrado implantar una poderosa hegemonía política, que incluye la Presidencia de la República obtenida con votación récord, mayoría calificada en el Congreso que no ocurría desde 1991, la gran mayoría de las gubernaturas y municipios, concentración de funciones regulatorias y decisorias en el Ejecutivo, supresión de órganos reguladores autónomos, reforma y gran influencia en el Poder Judicial.
El régimen morenista encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de todas las posiciones antes mencionadas, goza de una credibilidad y unas preferencias electorales arrolladoras. Es decir, el régimen actual está en el pináculo de su poder político que hoy luce incontrastable, indisputable por el conjunto de las oposiciones. El INE organizó y validó las elecciones de AMLO en 2018 y de Sheinbaum en 2024.
Con esta enorme fuerza política, el régimen ha podido impulsar nombramientos de consejeros electorales afines en el INE, al grado contar con mayoría. Además, impulsó reformas legislativas para eliminar la colegialidad en decisiones esenciales del INE y le otorgó super poderes para ello a la presidenta del Instituto. En una perspectiva de Realpolitik, puede decirse que, al no existir oposiciones ni contrapesos importantes, cualquier régimen actuaría más o menos de esta forma, para incrementar las bases de su dominación.
En este contexto tuvo lugar la bacanal de corrupción de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cuyos detalles se conocen ya por todos. Las fuerzas políticas de la oposición, el PRI, el PAN, MC, SOMOS, exigen nombrar una presidenta del INE por consenso absoluto y cambios legislativos para restaurar la colegialidad y ajustar otras cosas. No va a ocurrir, si lo vemos, otra vez, desde el realismo político.
La gran reforma de 1996 en la que el régimen priista aceptó la creación del IFE autónomo, fue posible porque ese régimen estaba en la etapa final de su declive. Sus fuerzas estaban agotadas, por todos lados, incluido el exterior, había fuertes exigencias y presiones hacia el cambio; y el priismo ya no tenía capacidad de resistencia.
Pero hoy, el régimen morenista está en la situación opuesta respecto al priismo de 1996. En la actual coyuntura, el régimen morenista está en el pináculo de su dominio político, con el proyecto de acrecentarlo aún más, y con condiciones objetivas para lograrlo. No tiene necesidad imperiosa de ceder en una reforma electoral como la que le exigen las fuerzas opositoras y parte de la sociedad. Seguramente consideran que el gobierno morenista goza de mayor credibilidad y respaldo que el árbitro electoral, y que eso ofrece un margen inagotable de maniobra.
Reitero, es lo que es, la Realpolitik. En el terreno del debe ser, ya habrá ocasión de abundar en la reflexión.
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