El 6 de marzo el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a su Constitución cuyo efecto será proteger jurídicamente la vida humana desde la concepción. Con esta modificación, ¿se penalizará el aborto en aquella entidad y las mujeres, médicos, enfermeras y demás personas que lo realicen irán a prisión? Un día después, el Senado discutió un dictamen para determinar si se entregaba el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a María Consuelo Mejía, fundadora en México de Católicas por el derecho a decidir, organización que, como sabemos, promueve la despenalización del aborto. A fin de cuentas, el reconocimiento se concedió, pero ello dio lugar a que las senadoras y senadores se confrontaran.
Dos senadoras de Morena ejemplifican lo que intento explicar en este artículo: que es imposible discutir seria y científicamente sobre el aborto. Me refiero a Jesusa Rodríguez, quien dijo que inteligencia y catolicismo son incompatibles, y a Lilly Téllez, quien poniendo como ejemplo al Congreso de Nuevo León, se pronunció por una ley que impida y castigue el aborto en todo el territorio nacional.
La discusión sobre el aborto es imposible cuando las premisas de quienes discuten parten de extremos como el de estas senadoras. Si uno supone que ser católico es incompatible con la inteligencia, considerando, claro, que los católicos son los principales opositores del aborto, uno automáticamente se incapacita para discutir y se convierte en víctima del prejuicio, y como víctima del prejuicio, el margen de la inteligencia se ve acotado. Por otro lado, si lo que alimenta la aversión al aborto es una idea que no puede sostenerse fuera de un cierto contexto religioso, también esa persona es víctima del prejuicio, y en esa medida el umbral de la razón también se ve restringido. A la hora que dos personas así se sientan a “dialogar”, están condenadas a perder el tiempo y, muy probablemente, a enemistarse.
Comprendo el argumento central de quienes se oponen a la interrupción del embarazo. El primer requisito para que una discusión o debate sea fructífero es que las partes comprendan las posiciones del otro. No que estén de acuerdo, pero sí que puedan entender las razones del otro. Si uno no sabe ni entiende ni comprende lo que el otro sostiene, por qué lo sostiene, y la posición de la cual parte, es difícil refutarlo. No podrá uno refutar al otro, sino sólo gritarle y atacarlo con descalificaciones y falacias ad hominem. Y lo mismo hay que decir de la propia postura: si uno no la conoce bien o no la entiende del todo, si uno es incapaz de razonarla y fundamentarla, uno no podrá defenderla con la inteligencia y sólo podrá hacerla valer a través de la fuerza.
Hay que admitir y entender que los católicos no van a cambiar su posición –tampoco los evangelistas, en este tema sus principales aliados–. Y mientras más devotos sean, menos. ¿Por qué el aborto es tan abominable para ellos? Porque creen que Dios insufla el hálito de vida a cada ser humano, y aunque no hay un acuerdo entre los teólogos sobre el momento exacto en que Dios sopla el aliento divino –el número de niños que nacen diariamente, casi 400 mil, es similar al número de niños que se conciben, también diariamente, así que Dios se la pasa insuflando todo el tiempo–, para evitar cualquier problema de interpretación que ponga en riesgo el alma humana, la iglesia católica ha establecido ad cautelam que el milagro se da en el momento de la concepción, y por tanto ya hay ser humano en plenitud y con toda la dignidad que implica ser hijo de Dios y estar creado a su imagen y semejanza, desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo. Si una persona cree absolutamente en el milagro del hálito divino, se entiende que su postura frente al aborto sea un No absoluto, incluso si se trata de violación, y por nada en el mundo va a cambiar. Punto y se acabó la discusión. Por eso es virtualmente imposible discutir el tema. Los católicos fervientes y los evangélicos sostienen que el aborto es algo monstruoso y diabólico, que despenalizarlo sería una barbaridad, un signo innegable del gobierno de Satanás sobre el mundo, y que todo aquel que lo promueve es un aliado del mal.
Una persona muy creyente, que se considera a sí misma “defensora de la vida”, sabe que el catolicismo y el aborto son incompatibles: si usted es católico no le queda otra más que condenar y prohibir el aborto, aún en caso de violación. El Canon 1398 es contundente: «Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae.» La expresión latina significa sin amonestación previa, sin juicio previo; o sea, quien procura el aborto, si éste se produce, queda inmediatamente excomulgado de la iglesia (me refiero a la católica, que es la que suele excomulgar a sus miembros), y no es necesario un decreto oficial para que surta efectos. Si usted es legislador y vota a favor de la despenalización del aborto, usted sabe que ha sido excomulgado de la iglesia de manera automática. Aprobar la despenalización del aborto es procurarlo y el efecto de la ley será producirlo en miles y miles de casos concretos, así que usted, como católico, se estaría condenando. Como legislador, usted tendría más culpa y responsabilidad en el aborto que la misma mujer que aborta y que el médico que la asiste. Por esta razón, un católico que sea legislador, jamás aprobará la despenalización del aborto, ni siquiera en casos de violación, pues el Canon 1398 no hace ninguna salvedad, y además, por si quedara duda, no siempre es pecado matar a una persona, dicen los expertos de la doctrina, pero siempre es pecado matar a un inocente; y en este caso, dirían los muy creyentes, el ser humano que fue concebido en una violación es inocente y está investido de toda la dignidad de la persona humana por el hecho de ser hijo de Dios y de haber recibido el hálito de vida de Él.
Uno puede estar en contra de esta postura, pero es muy importante entender las razones de quienes la sostienen. Hay que aceptar que es imposible que el devoto cambie de opinión. El devoto siempre votará en contra de toda ley que despenalice el aborto. Entendiendo esto, hay que aceptar también que todo debate está destinado al fracaso, así que lo más prudente sería evitarlo.
Con todo, es previsible la derrota de los “defensores de la vida”. Lo relevante no es lo que sostengan ellos, como tampoco es relevante lo que opinen los pro-abortistas más recalcitrantes. Fuera de la fe (los pro-abortistas a ultranza caen también en un fanatismo de magnitudes religiosas), no es posible asegurar que Dios insufla el hálito de vida cada vez que hay fecundación. Es más, fuera de la fe ni siquiera es posible probar la existencia de Dios (ni dos personas de inigualable estatura intelectual como Bertrand Russell y Frederick Copleston, el primero ateo, el segundo creyente católico, que debatieron sobre la existencia de Dios en la BBC, resolvieron el problema… menos lo van a resolver Jesusa Rodríguez y Lilly Téllez). A final de cuentas lo que debe imperar es el Derecho.
Existen precedentes legales y jurisprudencia que virtualmente despenalizan el aborto en todo el territorio nacional, a pesar de lo que digan las leyes locales, como el caso de la Constitución de Nuevo León. La segunda sala de la Suprema Corte resolvió (amparo en revisión 1170/2017) que el aborto es un derecho de la mujer víctima de violación, que en estos casos la interrupción del embarazo es legal y que debe ser atendido por las instituciones de salud como caso urgente. La mujer víctima de violación que aborta no comete delito alguno.
Todavía más. Aun si no se tratara de una violación, la interrupción voluntaria del embarazo tampoco es punible dadas ciertas circunstancias. Existen al menos dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia en juicios de acción de inconstitucionalidad que virtualmente despenalizan el aborto en todo México, y no sólo en la Ciudad de México, como algunos suponen. En agosto de 2008 la Suprema Corte de Justicia resolvió que las normas del código penal de la Ciudad de México que despenalizaban el aborto no eran inconstitucionales ni quebrantaban los tratados e instrumentos en materia de derechos humanos que nuestro país ha suscrito y celebrado (Acción de inconstitucionalidad 146/2007). Como la votación fue de ocho ministros a favor de la constitucionalidad, y tres a favor de la inconstitucionalidad, y dado que la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional establece que “las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias [de acción de inconstitucionalidad] aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias”, se puede decir que, no sólo en la Ciudad de México, sino virtualmente en todo el país, es posible interrumpir el embarazo dentro de las primeras doce semanas de la gestación, sin que ello sea punible. Y la sentencia no sólo se refiere a casos de violación, sino a cualquier interrupción del embarazo que se practique dentro de las primeras doce semanas. Esta resolución es en espíritu muy similar a la sentencia de acción de inconstitucionalidad 10/2000 en la que fue ministra ponente Olga Sánchez Cordero. Y por si todo esto fuera poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado resoluciones en las que fija el status del embrión (caso Artavia Murillo vs. Costa Rica) y abre la posibilidad de la interrupción del embarazo (Resolución de 29 de mayo de 2013, asunto “B”; se usó esa letra para reservar la identidad de la mujer a quien la autoridad de su país le impedía interrumpir el embarazo). En resumen, la Corte Interamericana sostiene que las mujeres que interrumpen su embarazo no deben ser penalizadas ni perseguidas por las autoridades.
Así que en este delicado y sensible tema no es lo que los “defensores de la vida” o los “ultra-abortistas” digan o piensen. Todo extremo es en el fondo una postura totalitaria, y en eso, aunque sean contrarios, los extremos se parecen.
Olga Sánchez Cordero, contestando la acusación de ser persona proaborto que sobre ella lanzó la diócesis de Xalapa por proponer un código penal único que despenalice la interrupción del embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación, dijo: «Estoy en contra del aborto y en contra de criminalizar a las mujeres por abortar, y a favor de la vida.» A mi juicio, esta es la posición más sensata.
Y para finalizar, tanto los tratados internacionales en materia de derechos humanos como la jurisprudencia en dicha materia que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, claro, la Constitución Mexicana y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, son derecho interno no sólo en Nuevo León, sino en cada una de las entidades federativas, y están por encima de cualquier ley local. Eso lo debería saber la senadora Téllez, que quiere una ley nacional que impida y castigue el aborto en todos los casos.
@VenusReyJr
