Martín Olivera | NotiPress
El gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente su intención de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida entrará en vigor el 24 de noviembre, según informó el Departamento de Estado. La organización, presuntamente dirigida por funcionarios de alto nivel del régimen de Nicolás Maduro, fue acusada de participar en actividades de narcotráfico y violencia regional junto con otros grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
La medida reabrió una duda central sobre si Estados Unidos puede invadir Venezuela con algún sustento jurídico, y la respuesta breve es no. Aunque la inclusión de un grupo en la lista de organizaciones terroristas permite ampliar sanciones y acciones judiciales internas, no proporciona una base jurídica válida para intervenir militarmente en otro país.
Desde el punto de vista legal, la clasificación FTO permite a las autoridades estadounidenses congelar activos, imponer penas más severas a colaboradores y extender la jurisdicción penal a personas vinculadas, incluso fuera de su territorio. También autoriza mayores capacidades de vigilancia y cooperación con otros Estados pero no incluye autorización para el uso de la fuerza militar en el extranjero.
Trump expresó que intervenir en Venezuela era una opción viable. No obstante, el derecho internacional establece tres vías para justificar el uso de la fuerza: una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país afectado o la legítima defensa ante una ofensiva armada. De todas maneras, ninguna de estas condiciones se cumple en el caso venezolano. Además, es improbable que el Consejo apruebe una intervención, debido al poder de veto de Rusia y China, quienes son aliados de Caracas.
La referencia al caso de Irak en 2003 aparece de inmediato ya que en aquel entonces, Estados Unidos argumentó la existencia de armas de destrucción masiva como justificación para una invasión. Si bien el Congreso estadounidense aprobó una AUMF (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar), la ONU no otorgó respaldo formal. En 2004, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, calificó la invasión como ilegal.
Actualmente, no existe una AUMF que cubra acciones contra organizaciones criminales en América Latina. Si bien el Congreso podría emitir una nueva autorización, esta no suprimiría los requisitos del derecho internacional. Incluso con respaldo interno, una invasión seguiría siendo considerada ilegal sin aprobación del Consejo de Seguridad o consentimiento del Estado venezolano.
En la práctica, el gobierno estadounidense podría intensificar sanciones, emprender operaciones encubiertas o coordinar acciones en la región. Sin embargo, una ofensiva militar directa, como la ocurrida en Irak, se considera legalmente inviable en el escenario actual.
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