Detienen al ex primer jefe de búsqueda de desaparecidos de Nayarit junto con uno de sus colaboradores (nota de Víctor Chávez en OEM-Informex)

Lo acusan de desaparición forzada, en tiempos de la administración del terror del ex gobernador Roberto Sandoval y el ex fiscal Edgar Veytia, ahora presos

Víctor Chávez / OEM-Informex

Quien fuera el primer titular de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Nayarit ahora enfrenta a la justicia federal por su presunta participación en delitos de desaparición forzada. Junto con él fue reaprehendido uno de sus ex colaboradores.

A decir de integrantes de las organizaciones Por Nuestros Corazones y Familias Unidas por Nayarit faltan unas 20 a 25 personas por responder ante los tribunales. La gran mayoría laboraban para fuerzas policiales y la fiscalía de Nayarit y tienen orden de aprehensión.

Algunas de las líneas de investigación también contemplan posibles delitos de obstaculización de las indagatorias y otras conductas que habrían impedido esclarecer las desapariciones.

Se trata de Juan Francisco R. B., detenido la noche del martes 10 de noviembre por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con hechos ocurridos en 2017.

La detención adquiere especial relevancia por el cargo que desempeñó dentro de la Fiscalía estatal: estuvo al frente de la instancia que tenía como responsabilidad investigar los casos de personas desaparecidas y contribuir a su localización.

Ahora su nombre aparece entre los exfuncionarios investigados por presuntas desapariciones forzadas durante uno de los periodos más cuestionados en materia de seguridad en Nayarit.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Juan Francisco R. B. fue detenido junto con Roberto Carlos G. L., conocido como “Pepe El Toro”, quien se desempeñó como elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y también estaría relacionado con desapariciones registradas durante 2017.

Ambos fueron puestos a disposición de autoridades federales. El exfuncionario fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato para comparecer ante un juez y enfrentar el procedimiento correspondiente.

Las investigaciones se relacionan con hechos registrados entre 2012 y 2017, durante las administraciones del entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda y del exfiscal general Edgar Veytia, quien posteriormente fue detenido en Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

En ese periodo se documentaron desapariciones de personas en municipios como Tepic, Xalisco y San Blas, entre otros casos que han sido denunciados durante años por familiares y colectivos de búsqueda.

Roberto Sandoval por su parte fue detenido el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León, y permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 4 «El Rincón», ubicado en Tepic, Nayarit, donde el 19 de septiembre de 2025 fue notificado de una sentencia de 7 años de prisión por falsificación de documentos, tras comprobarse su participación en el despojo de un terreno de 58 hectáreas en San Blas cometido en 2012 y además enfrenta otro proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) por un monto superior a los 156 millones de pesos, a cargo de la Fiscalía General de la República.

El departamento del tesoro de Estados Unidos además ha girado algunas sanciones económicas bajo la Ley Global Magnitsky por actos de corrupción y presuntos nexos con organizaciones del narcotráfico.

Las detenciones representan un nuevo avance en las investigaciones sobre la posible participación de servidores públicos en la desaparición de personas en Nayarit, una problemática que durante años ha mantenido a familiares y colectivos en la exigencia de verdad y justicia.

Para las familias buscadoras, la detención de antiguos integrantes de la Fiscalía representa un paso relevante, pues las investigaciones alcanzan ahora a quienes formaron parte de las instituciones que debían investigar estos delitos.

Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán acreditarse ante los tribunales. Ambos detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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