En cualquier país con una democracia consolidada, lo que sucede en el Poder Judicial es de gran importancia y así es reconocido por todas y todos. Países de gran tradición judicial no se toman a la ligera las propuestas de los titulares del Ejecutivo para el máximo tribunal de justicia. Estas designaciones son tan importantes que cuando van a votar en elecciones presidenciales, se toma en cuenta a cuántos ministros de la Corte le tocará designar al futuro presidente, ya que, dependiendo del partido e ideología, los presidentes construyen cortes más garantistas o más conservadoras.
Para México, la designación de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha sido ni tema de importancia ni de grandes decisiones. Han llegado grandes ministros y ministras, pero también personas sin preparación que han sido pagos de lealtades, como el caso de Medina Mora.
Por años, organizaciones civiles y colectivos de diversa índole han peleado por construir mejores instituciones de justicia en México, y en esta pelea han luchado por mejores designaciones a la SCJN. Saben que la mejor forma de destruir las instituciones es capturarlas o poner perfiles incompetentes; y lo saben bien porque ha sido práctica común de los gobiernos anteriores.
Una de las grandes luchas de la izquierda en México fue evitar la captura de instituciones reguladoras, del Poder Judicial u organismos garantes de derechos, ya fuera por perfiles conservadores, sin preparación o cercanos a los ejecutivos. Las pugnas se libraron en comisiones de derechos humanos, órganos garantes de transparencia, comités ciudadanos de los sistemas anticorrupción, y, por supuesto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por años, actores de la sociedad civil frenaron –o al menos visibilizaron– cada que desde el Ejecutivo buscaba imponerse a algún #fiscalcarnal o a perfiles sin preparación para que estuvieran al frente de las instituciones que garantizan nuestros derechos. Al trabajo de estas personas le debemos que no se perpetuara un perfil conservador al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); que no llegaran incompetentes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o que no se capturara el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) por personas cercanas a las farmacéuticas y empresas de comida chatarra.
Hoy son esas mismas organizaciones y actores civiles que exigen que se rechace la tan lamentable terna de aspirantes a la SCJN. Esta terna incluye a: Yasmín Esquivel, esposa del empresario constructor José María Rioboó y abre la sospecha sobre algún pago de favores; Loretta Ortiz, quien ha sido diputada por Morena y es esposa de uno de los perfiles más cercanos a López Obrador –José Agustín Ortiz Pinchetti–; y Celia Maya quien ha brillado por su enorme incompetencia y visión retrógrada de los derechos humanos.
Esta terna es no sólo cercana a López Obrador en una dimensión que nos permite sospechar de la autonomía de sus decisiones, sino que ha dado muestras de carecer de una visión integral de los derechos humanos. Sería de lo más lamentable que en un presumido gobierno de izquierda se llevara a la SCJN a un perfil reaccionario y de visión tan corta sobre los derechos de las personas.
No podemos olvidar que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que vela por el avance y garantía de nuestros derechos al dirimir controversias constitucionales. El papel de la Corte es fundamental para que en otros tribunales apliquen la ley de manera garantista y nos protejan del abuso del poder.
Exigir que el Senado rechace la terna es la última línea de defensa para evitar se continúe con el desmantelamiento de la Corte y se vulneren nuestros derechos. La posibilidad de que el Senado rechace esta terna se contempla en la ley, por lo que es necesario llamar a Ricardo Monreal, Mauricio Kuri, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera, todos ellos coordinadores de sus grupos parlamentarios, a que, en un acto de sensatez y congruencia con los derechos de las personas, rechacen la tan triste y lamentable terna que López Obrador envió.
En México tenemos perfiles de mujeres abogadas con una extraordinaria carrera, que podrían hacer un mejor papel y fortalecer las instituciones. Votar a alguien de esta terna es votar en contra de México.
