En paralelo, la constructora no ha cumplido una sentencia que le obliga a indemnizar a la afectada gracias al trámite de amparos.
Isaac Rosales | Astillero Informa
La señora Guadalupe Sarabia (76 años) denunció a la inmobiliaria Aravel de haber causado daños en su casa de Guadalajara, Jalisco, durante el proceso de construcción de unas torres. Esta situación la llevó no solo a abandonar su vivienda, sino a comenzar con una lucha que le ha tomado siete años.
“La situación es que metieron anclas debajo de mis cimientos. Movieron toda la casa”, la cual “no estaba preparada para ese tipo de situaciones y por eso se empezaron a abrir los pisos, grietas, a caerse los mosaicos“, dijo este lunes en una entrevista para Astillero Informa.
Por este motivo, “tuve que salirme de mi casa; Protección Civil dijo que no era conveniente que siguiéramos quedándonos ahí porque podía haber algunos daños que tal vez podían perjudicarnos”.
A pesar de que el grupo constructor se comprometió a hacerse responsable de las externalidades que pudieran sufrir los domicilios aledaños a la obra y que, tras el descubrimiento de los daños en la casa de la señora Sarabia, la edificación estuvo a punto de ser clausurada definitivamente, no cumplió el acuerdo que estableció con la afectada.
Este último se basaba en que Aravel tenía que reparar los desperfectos ocasionados en un lapso de cuatro meses y pagar la renta de una morada a la que Guadalupe tuvo que mudarse mientras duraban las recomposiciones.
No solamente no le pagaron el arrendamiento el total del tiempo acordado, ocasionando que eventualmente la desalojaran, sino que quisieron entregarle su casa a los dos meses.
“Con un notario, fueron a entregarme la casa, diciéndome que ya podía ir a habitarla cuando yo sabía que no estaba terminado lo que se habían comprometido a hacer”. Ante la negativa, las partes se fueron a juicio.
Luego de que la inmobiliaria perdiera tres amparos, las autoridades fallaron a favor de la septuagenaria y determinaron que la firma estaba obligada a pagarle una indemnización por los estragos provocados.
No obstante, acusó que Mónica Santos, “socia y contadora de la constructora“, “puso ante un juzgado federal un amparo pidiendo que se suspendiera el cobro del juicio que yo había ganado porque no estaba enterada de nada”, aun cuando “los permisos salieron a su nombre”.
Según su testimonio, la “desarrolladora ha presentado amparos junto con otras cuatro personas y han logrado detener la ejecución del pago“. Por consiguiente, “tengo suspendida completamente la posibilidad de recobrar lo que durante estos siete años he perdido”.
Por tanto, ahora no solo exige el cumplimiento de la sentencia por parte de Aravel, sino que buscará que el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, atraiga su caso, así como que la Fiscalía General de la República (FGR) analice si existe alguna “anomalía” en este, “basándome en las nuevas reformas que hay sobre las personas que abusan de los amparos“.
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