De $2 millones a casi $18 millones: Carolina Viggiano vendió terreno a empresa que años después fue sancionada (Redacción Astillero Informa)

06 de octubre de 2026.- Una investigación periodística documentó que la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, adquirió en 2011 un terreno en Hidalgo por 2 millones de pesos y siete años después lo vendió en 17.9 millones a Jergui S.A. de C.V. La empresa compradora fue incluida posteriormente, en 2023, en un listado oficial de proveedores con los que las dependencias de Hidalgo debían abstenerse de contratar.

Una operación inmobiliaria realizada por la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria ha generado atención pública luego de darse a conocer documentos sobre la compra y posterior venta de una parcela ubicada en Zempoala, Hidalgo.

La investigación fue publicada originalmente por XPECTRO FM y posteriormente retomada por diversos medios nacionales. De acuerdo con ese trabajo periodístico, Viggiano compró el 11 de enero de 2011 la parcela identificada como 56 Z-1 P2/2, ubicada en el Ejido Villa de Margarita, en el municipio de Zempoala.

El precio reportado de adquisición fue de 2 millones de pesos y, según la investigación, la operación quedó asentada en la escritura pública número 20,491 de la Notaría Pública 18 de Pachuca. [Fuente: XPECTRO FM]
Siete años después fue vendida por 17.9 millones.

En noviembre de 2018, aproximadamente siete años después de la adquisición, el terreno fue vendido a la empresa Jergui S.A. de C.V. por 17 millones 900 mil pesos, según la documentación citada por XPECTRO FM.

Esto representa una diferencia nominal de 15.9 millones de pesos entre el precio reportado de compra en 2011 y el de venta en 2018. En términos porcentuales, el precio de venta fue aproximadamente 795% superior al precio original de adquisición.

Esto no significa, por sí mismo, que haya existido una operación ilegal o un sobreprecio: para determinarlo sería necesario conocer, entre otros elementos, el valor comercial que tenía el terreno al momento de su venta en 2018.

La investigación original sostiene además que el pago de los 17.9 millones se realizó mediante siete movimientos: una transferencia inicial de 5 millones de pesos, cinco pagos posteriores de 2 millones cada uno y un último pago de 2.9 millones.

¿Quién compró el terreno?

La compradora fue Jergui S.A. de C.V.
XPECTRO FM reporta, con base en información del Registro Público de Comercio, que la sociedad fue constituida el 18 de octubre de 2013 y que sus socios eran los hermanos Omar Guillermo y Enrique Segura Zerecero, con participaciones accionarias de 60% y 40%, respectivamente.

Pero uno de los elementos que más llama la atención del caso ocurrió varios años después de la compraventa. Jergui terminó apareciendo en documentación oficial de la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Hidalgo relacionada con proveedores sancionados.

Documento oficial confirma la inclusión de Jergui

La Circular 001, publicada el 3 de abril de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, señala que dependencias, entidades de la administración pública estatal, organismos públicos autónomos y ayuntamientos debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar determinados contratos con las personas físicas y morales incluidas en un listado.

Entre ellas aparece expresamente: Registro 376-17 — Jergui, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El documento oficial establece que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las personas físicas y morales enlistadas. Este documento constituye uno de los principales sustentos oficiales de la información.

La sanción fue posterior a la venta
La cronología es fundamental. Viggiano vendió el terreno a Jergui en 2018 y la aparición de la empresa en el listado oficial referido ocurrió en 2023.

Es decir, transcurrieron aproximadamente cinco años entre ambos acontecimientos.

Por ello, sería impreciso afirmar que Viggiano vendió el terreno en 2018 a una compañía que ya estaba sancionada en ese momento. Lo documentado es que vendió el inmueble a una empresa que posteriormente fue incluida en el listado oficial.

La Razón también reportó esta circunstancia y señaló que la inclusión de Jergui en dicho listado ocurrió cinco años después de la compra del predio.

La conexión con Coahuila

La investigación de XPECTRO FM incorpora otro antecedente relacionado con Jergui.
Según el reportaje, la compañía participó en la instalación de pistas de hielo del programa “Coahuila Brilla” durante el gobierno de Rubén Moreira Valdez. El medio señala que Jergui trabajó en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras entre 2012 y 2015 y cita declaraciones atribuidas a un representante de la empresa en 2015, quien habría señalado que era el cuarto año en que trabajaban con el Gobierno de Coahuila a través del DIF estatal.

Este dato resulta relevante porque Rubén Moreira es esposo de Carolina Viggiano, quien durante aquel gobierno encabezó el Sistema DIF Coahuila. Sin embargo, la existencia de esos antecedentes comerciales tampoco demuestra por sí misma alguna conducta ilícita de Viggiano en la compraventa del terreno.

¿Qué está documentado y qué sigue siendo materia de investigación?

Primero: la investigación periodística, sustentada en documentación notarial citada por el medio, señala que Carolina Viggiano adquirió el terreno en 2011 por 2 millones de pesos.
Segundo: el mismo predio fue vendido en 2018 a Jergui S.A. de C.V. por 17.9 millones de pesos, lo que arroja una diferencia nominal de 15.9 millones de pesos.

Tercero: existe documentación oficial del Gobierno de Hidalgo que acredita que Jergui S.A. de C.V., registro 376-17, apareció en 2023 en un listado respecto del cual las dependencias y organismos señalados debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos.

Lo que estos elementos no permiten concluir automáticamente es que la venta del terreno haya sido ilegal, que los recursos recibidos fueran ilícitos o que el incremento del precio constituyera necesariamente un sobreprecio.

Para sostener afirmaciones de esa naturaleza serían necesarios elementos adicionales, como avalúos contemporáneos a la operación, expedientes completos de las autoridades correspondientes o una resolución que determinara alguna irregularidad.

La operación, sin embargo, ha llamado la atención por la diferencia entre los 2 millones de pesos pagados en 2011 y los 17.9 millones recibidos siete años después, así como por los antecedentes posteriores de la empresa compradora.