La reforma señala que los juzgadores cesados o que declinaron su candidatura “serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado”
Aldo Canedo | OEM-Informex
Un grupo de aproximadamente 50 jueces y magistrados federales cesados protestaron contra el Órgano de Administración Judicial (OAJ) exigiendo el pago de las indemnizaciones que les corresponden.
Según los voceros, a pesar de que la mayoría dejaron sus trabajos de forma forzada desde el 1 de septiembre de 2025, aún no han recibido las liquidaciones establecidas en la propia reforma judicial.
Esta situación, reclama la exjueza Marlene Ángeles, afecta las condiciones de vida de las familias de los juzgadores cesados, pues también tienen la prohibición de ejercer la abogacía en la entidad donde estaban adscritos, lo que les cerca las posibilidades de tener ingresos.
De acuerdo con la reforma judicial, en el artículo segundo transitorio de este decreto, los juzgadores cesados o que declinaron a su candidatura “serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado”.
El exmagistrado Froylan Muñoz explicó que la falta de pago afecta a más de 800 juzgadores que perdieron su trabajo, y amagó con escalar las protestas en caso de no ser recibidos y que se fije una fecha de pago.
Como forma de desconformidad, los más de 50 manifestantes cerraron por algunos minutos la Avenida Revolución, frente a las instalaciones del OAJ.
Previamente, Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, les dijo que ya estaban en diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el pago de las indemnizaciones.
No obstante, acusan los exjuzgadores, a la fecha no se ha llevado a cabo este pago, por lo que sostendrán una nueva reunión a las 11:30 horas del miércoles 29 de octubre.
“No estamos pidiendo algo que no esté previsto en la norma máxima del estado mexicano, pero que es importante, vean ustedes, el incumplimiento de lo anterior afecta gravemente a las familias de las personas juzgadoras” declaró el exjuez Faustino Gutiérrez Pérez.
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