Israel Zamarrón/ OEM-Informex
Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y de Género (Ecosig), también conocidos como terapias de conversión, serán un delito en la Ciudad de México que se castigará con penas de dos a cinco años de cárcel y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.
Así lo aprobó este viernes el Congreso capitalino al avalar con 49 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones las reformas al artículo 206 bis del Código Penal local para prohibir que una persona sea obligada a someterse a este tipo de métodos.
Los nueve votos en contra fueron de los diputados del PAN, América Rangel, Héctor Barrera, Diego Orlando Garrido, Gabriela Salido Magos, Christian von Roehrich y Patricia Báez; de los diputados de la alianza parlamentaria del Partido Encuentro Social, Fernando Aboitiz y Miguel Ángel Álvarez Melo y del morenista Efraín Morales.
Al presentar el dictamen en la sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, señaló que esta reforma “reconoce el derecho a determinar la libre orientación sexual”.
Por lo tanto, dijo, se reconoce que “ninguna persona, en respeto a esta libre capacidad de autodeterminación, puede ser obligada, bajo ninguna circunstancia, o presionada para modificar su preferencia u orientación sexual”.
El diputado morenista precisó que se castigará toda aquel tratamiento que se aplique de manera obligada a una persona y que “tiene por objeto modificar la identidad sexual de una persona, a través de mecanismos de violencia y actos crueles y denigrantes que van en contra de la dignidad humana”.
“De tal suerte que se salvaguarda la práctica médica profesional, de igual manera el acompañamiento espiritual o religioso” y que se asuma de manera voluntaria. La pena con cárcel será para las prácticas que “utilicen métodos violentos, especificándose violencia física, moral o psicoemocional, en donde hay tratos crueles o degradantes”, aclaró.
