Claves para entender la polémica ley sobre desaparición forzada (nota de Laura Vázquez en Quinto Poder)

La reforma sobre desapariciones plantea control poblacional, pero colectivos alertan sobre vigilancia y falta de soluciones reales.

Laura Vázquez | Quinto Poder

Este viernes, el Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley General en materia de Desaparición Forzada y Población, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México. Sin embargo, la propuesta ha desatado una fuerte controversia entre familiares de víctimas, colectivos de derechos humanos y expertos en privacidad.

La crisis de desapariciones en México es una de las más graves del mundo: más de 129 mil personas siguen sin ser localizadas, existen más de 5 mil 600 fosas clandestinas y se acumulan alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en instalaciones forenses. 

A esto se suma una impunidad alarmante del 99% en los delitos relacionados con desaparición. La magnitud del problema llevó incluso al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU a activar por primera vez un mecanismo urgente para llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, una decisión que el gobierno mexicano ha rechazado.

CURP biométrica: el núcleo de la reforma

El eje central de la reforma es la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema nacional que integrará los datos de todos los mexicanos y extranjeros domiciliados en el país. A partir de ahora, la CURP (Clave Única de Registro de Población) deberá estar vinculada obligatoriamente a huellas dactilares y fotografía —tanto en formato físico como digital— con el objetivo de facilitar la localización de personas desaparecidas.

Esta nueva CURP biométrica, según el gobierno, permitirá generar alertas y monitorear cualquier actividad que indique el paradero de una persona reportada como desaparecida. No obstante, diversos colectivos y organizaciones han advertido sobre el riesgo de que esta herramienta se convierta en un sistema de vigilancia masiva y de que la información personal quede expuesta sin garantías efectivas de protección.

Luis Fernando García, abogado y cofundador de la Red de Derechos Digitales, advirtió sobre la falta de controles adecuados en el sistema. “El acceso irrestricto que ahora tendrá el Centro Nacional de Inteligencia a esta plataforma contradice los acuerdos previos con las familias. No hay forma real de saber cuándo se abusa del sistema, y eso pone en peligro la privacidad de toda la ciudadanía“, afirmó.

Críticas de los colectivos: ¿búsqueda o vigilancia?

Colectivos de búsqueda y más de 200 familias de víctimas se han manifestado en contra de la iniciativa. Para ellos, la reforma no ataca las causas reales de las desapariciones ni fortalece las instituciones que buscan a los desaparecidos. Denuncian que la lógica detrás del monitoreo continuo de la CURP parte de una premisa errónea: suponer que las víctimas aún están activas en el sistema, cuando muchas han sido secuestradas, asesinadas o reclutadas por grupos criminales.

“Nos preocupa que esta reforma no se enfoque en encontrar a nuestros seres queridos, sino en recolectar datos masivos de la población”, dijo Angélica Orozco, del colectivo Fuerza Unida por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDNL). “Además, el sistema no garantiza seguridad: ya ha habido hackeos en otras bases de datos del gobierno”.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también criticó la reforma por considerarla incompleta y poco efectiva. “No representa un avance sustantivo. Ignora aspectos cruciales como el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y no resuelve el rezago forense“, señaló la organización en un comunicado.

Más cambios: bases de datos y fichas de búsqueda

Entre las modificaciones aprobadas, se incluye la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, una herramienta que pretende facilitar el cruce de información entre distintas fiscalías del país. Asimismo, se refuerza la figura de la Ficha de Búsqueda, que ahora deberá emitirse tanto en formato físico como digital.

Otro punto relevante es la obligatoriedad de realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de inhumar restos humanos en fosas comunes. Estas pruebas deberán ser registradas en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo máximo de tres días, con el fin de reducir el rezago en la identificación de cuerpos.

Además, se incrementan las penas para quienes cometan el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, una medida que el gobierno presenta como parte del fortalecimiento institucional.

¿Por qué la reforma de desaparición forzada está incompleta?

A pesar de los cambios, muchas voces consideran que la reforma aún tiene serias omisiones. Una de las principales críticas es la falta de facultades reales para las comisiones de búsqueda, que siguen trabajando con recursos y atribuciones limitadas. También se denuncia la ausencia de un registro de desaparecidos confiable, dado que el actual presenta errores, duplicaciones y casos mal clasificados.

“Por eso pedimos un parlamento abierto”, sostuvo Orozco. “Es importante escuchar a las familias y a los expertos para saber qué necesitamos realmente. No solo tecnología, sino voluntad política y apoyo institucional“.

El gobierno, por su parte, asegura que la reforma ha sido ampliamente consultada. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que se recibieron más de 570 aportaciones de 450 colectivos y familias, lo que —según ella— refuerza la legitimidad de la iniciativa.

La presidenta Sheinbaum defendió esta semana el nuevo sistema de identificación, subrayando la necesidad de integrar la información dispersa que actualmente manejan las fiscalías y otras instituciones. “En aproximadamente un mes presentaremos los resultados de la Agencia de Transformación Digital. Queremos tener una base sólida y unificada para enfrentar esta crisis”, afirmó en su conferencia matutina.

A pesar de sus objetivos declarados, la reforma a la Ley General en materia de Desaparición genera más dudas que certezas. Las víctimas piden búsqueda, no vigilancia; verdad, no control. Y mientras tanto, los rostros de más de 129 mil personas desaparecidas siguen esperando respuestas.