Brenda Quevedo fue detenida por presuntamente participar en el homicidio del hijo de Isabel Miranda de Wallace; lleva casi dos décadas privada de la libertad sin recibir sentencia.
Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex
A casi dos décadas de que Brenda Quevedo Cruz fue detenida por el llamado caso Wallace, permanece sin sentencia. Una red nacional e internacional de abogados, organizaciones de derechos humanos, periodistas, académicos y ciudadanos anunció la conformación de un frente permanente para exigir su liberación, al considerar que se trata de uno de los mayores símbolos de las fallas del sistema de justicia mexicano.
El colectivo fue presentado este lunes durante una conferencia de prensa, en la que participaron la propia Brenda Quevedo —vía remota desde su prisión domiciliaria—, integrantes de la defensa jurídica de la acusada, representantes de organizaciones civiles y familiares, quienes anunciaron que darán seguimiento permanente al caso tanto dentro como fuera de México.
Según sus integrantes, el objetivo es acompañar jurídicamente a Brenda Quevedo, documentar presuntas violaciones a derechos humanos, mantener vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades y ampliar la presión nacional e internacional para lograr su libertad.
Brenda Quevedo fue detenida en 2006, acusada de haber participado en el homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, quien realizó una investigación paralela para dar con los responsables de la desaparición y asesinato del joven.
Organizaciones señalan que el caso Wallace fue fabricado
El llamado caso Wallace ha sido señalado por múltiples instancias nacionales e internacionales como un caso fabricado, construido sobre confesiones arrancadas bajo tortura, testigos pagados, fabricación de pruebas y diversas violaciones al debido proceso.
Varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron estas violaciones y solicitaron al Estado mexicano la liberación de Brenda, así como medidas de justicia y de reparación.
Sin embargo, Brenda Quevedo sigue en prisión, por lo que activistas, abogados, familiares y la propia Brenda hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para desistirse de la demanda y agilizar su liberación.
La nueva alianza reúne a organizaciones mexicanas de litigio estratégico, defensoras de derechos humanos, periodistas, investigadores universitarios y ciudadanos, además de personas que siguieron el anuncio desde Canadá, Francia, España, Grecia y otros países.
“El caso ya no admite una explicación jurídica”, sostuvo la coordinadora de la nueva defensa de Brenda, Carla Michelle Salas, quien agregó que “estamos frente a uno de los mayores fracasos del sistema jurídico mexicano”.
La litigante señaló que ninguna interpretación del debido proceso puede justificar que una persona permanezca privada de la libertad durante dos décadas sin que exista siquiera una sentencia de primera instancia.
Actualmente Brenda Quevedo permanece en prisión domiciliaria, utiliza un brazalete electrónico y mantiene vigilancia permanente de la Guardia Nacional, además de requerir autorización judicial incluso para acudir a consultas médicas.
Simón Hernández, abogado de la Universidad Iberoamericana Puebla, sostuvo que el caso evidencia una prisión prolongada incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y recordó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU recomendó hace años la liberación inmediata de Brenda Quevedo.
Por su parte, Alan Piñón, de la Clínica de Litigio Penal del ITAM, afirmó que mantener abierto un proceso durante casi dos décadas sólo puede explicarse por una cadena de decisiones y omisiones institucionales acumuladas a lo largo de distintos gobiernos.
Denuncias por tortura hacia Brenda Quevedo nunca fueron investigadas
Mientras tanto, Diana Camacho, de la Red de Abogadas Digna Ochoa, aseguró que las denuncias por tortura física, psicológica y sexual presentadas por Brenda nunca fueron investigadas con la diligencia debida, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones en las que documentó graves violaciones a derechos humanos.
Los defensores recordaron que hace un año la Suprema Corte de Justicia invalidó la confesión de Juana Hilda González, testigo principal del Caso Wallace y de la cual se derivaron las detenciones de Brenda Quevedo y coacusados, al determinar que fue obtenida bajo tortura.
Tras esa resolución, Juana Hilda recuperó su libertad; sin embargo, Brenda Quevedo continúa bajo medidas restrictivas mientras el juicio permanece sin sentencia. Para la defensa, esa resolución debilitó uno de los pilares de la acusación original y obliga a revisar integralmente el proceso.
Durante el encuentro, Brenda Quevedo intervino de manera pública para agradecer el respaldo recibido y denunciar que continúa viviendo en un limbo judicial. “Si a mí me pasó, de verdad le puede pasar a cualquiera”, afirmó.
Relató que las secuelas de la tortura que denunció hace casi dos décadas siguen presentes y que incluso enfrenta obstáculos para recibir atención médica debido a las restricciones impuestas por las medidas cautelares.
Su padre, Roberto Quevedo, aseguró que la familia ha vivido “20 años de incertidumbre” mientras espera una resolución judicial, y sostuvo que la justicia debe proteger a las personas, no mantenerlas privadas de la libertad indefinidamente sin una sentencia.
La nueva defensa anunció que, además de continuar el litigio penal y los juicios de amparo, explorará mecanismos extraordinarios de liberación y buscará que la Fiscalía General de la República (FGR) reconsidere el ejercicio de la acción penal.
Asimismo, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la FGR y al nuevo Poder Judicial para revisar el caso a la luz de las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales.
Los integrantes de la red sostuvieron que el expediente de Brenda Quevedo trasciende un caso individual y representa una prueba para el sistema de justicia mexicano sobre su capacidad para corregir procesos prolongados marcados, según la defensa, por denuncias de tortura, irregularidades procesales y ausencia de una sentencia definitiva durante casi 20 años.
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