Protegían a Murillo Karam | AMLO revela que desde la FGR quisieron evitar el arresto del exprocurador de Peña (nota de SinEmbargo)

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Además, el mandatario mexicano indicó que “no hay impunidad y el Ejército está actuando bien”, aunque reconoció que “fue un error no haber aclarado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército” en el caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que quienes intentaron, desde la Fiscalía General de la República (FGR), “dinamitar” el caso Ayotzinapa, protegían al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien junto con Tomás Zerón de Lucio creó la versión conocida como “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas. Dijo que para evitar que se filtraran las órdenes de aprehensión se actuó con celeridad. Querían que Murillo Karan y otros se fugaran, señaló.

Además, el mandatario mexicano indicó que “no hay impunidad y el Ejército está actuando bien“, aunque reconoció que “fue un error no haber aclarado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército” en el caso Ayotzinapa. “Con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del Ejército se afecta la institución. No, se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos”, dijo.

“Se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos y ahora hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que es positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad, aunque parezca redundancia. Hubo lo que se llamó la ‘verdad histórica’, que fue toda una simulación, un montaje, fabricación de hechos para proteger al responsable de lo sucedido en Iguala. Ahora se avanzó y no esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad fueron sorprendidos, porque se estaba simulando y no se actuaba y estaban buscando que pasara el tiempo, como en muchas otras cosas”, expuso frente a la prensa.

López Obrador detalló que se pensaba “que no íbamos a hacer nada, y se sentían hasta seguros los que habían participado”, tanto en la desaparición de lo normalistas como en la creación de la “verdad histórica”. “Había un pacto de silencio y poco a poco se fue avanzando y cuando no se lo esperaban llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y lo leí y le dije ya, vamos a actuar”, dijo, en referencia al documento realizado por la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa.

Entonces, con el informe en mano, pidió una reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes les entregaron el informe. “Ellos, de manera especial el Fiscal, tomó el informe y casi de manera directa, cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe”, dijo AMLO

Pero entonces llegó la reacción “Todo el aparato que estaba, muchos infiltrados, no se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, que se habían solicitado órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe. Aun cuando llevaban los casos se negaron a firmar, hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió”, detalló.

Apenas el 3 de noviembre, la defensa del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien fue trasladado ese día al Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, dijo que continuará solicitando prisión domiciliaria ante el delicado estado de salud del funcionario peñista. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.

A pesar de ello, el Gobierno “fue hacia adelante” y en la desesperación de miembros de la FGR, según la hipótesis del Presidente, “quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando que de esa manera, si eran cinco o seis militares, agregaban 20 más, y yo iba a decir ‘no, párenle’. Y si eran 15 o 20 funcionarios acusados, le agregaban 10, lo mismo. Entonces dijimos ‘No, vamos a apegarnos al informe’, sin que signifique que los que están incluyendo sean inocentes”, agregó.

“La investigación continúa pero vamos primero a esto. Lo que querían era que, por ejemplo –para hablar con claridad– no se detuviera al Procurador Murillo Karam”, subrayó.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidas 16 que iban contra militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad del exfiscal encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes, Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, el 26 de octubre, el Presidente López Obrador había dicho que era posible reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Ejecutivo ya había dicho anteriormente que en la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa, que pertenece a la Fiscalía General de la República, quisieron “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas para que los presuntos responsables no fueran enjuiciados. No obstante, mencionó que se podrían abrir más órdenes de aprehensión.

La Comisión de la Verdad dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó en agosto un nuevo informe con indicios sobre los presuntos implicados tanto en la desaparición de los estudiantes, incluidos algunos militares, como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Luego de la presentación del informe de la Comisión, se anunciaron 83 órdenes de captura, parte de las cuales fueron retiradas semanas después. Entre agosto y septiembre fueron detenidos tres miembros del Ejército, entre ellos uno de los mandos en Iguala en aquel momento y actual general retirado, José Rodríguez Pérez; y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Todos están actualmente bajo proceso penal y en prisión preventiva aunque sus respectivas defensas alegan que no hay pruebas sólidas contra ellos y han apelado.

El exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido el pasado 19 de agosto, y vinculado a proceso cinco días después por un Juez federal en el Reclusorio Norte por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam salió del Reclusorio el pasado 19 de octubre para ser atendido en el Hospital de Xoco al presentar signos de dislipidemia (elevado colesterol y triglicéridos). Pero al día siguiente tuvo que ser llevado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología, donde fue sometido a una cirugía urgente de Endarterectomía Carotídea de Alto Riesgo, lo que le permitió tener un mayor flujo sanguíneo. Ahí estuvo internado por 14 días hasta el jueves, que fue llevado al centro médico capitalino en Iztapalapa.

Por su parte, la defensa del exprocurador insistirá en la medida de prisión domiciliaria, ya que Murillo Karam ha tenido que ser internado en seis ocasiones en diferentes hospitales públicos desde que ingresó al Reclusorio Norte.

GIEI SEÑALA QUE PRISAS DEL GOBIERNO PONEN EN RIESGO EL CASO

El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en la investigación del caso Ayotzinapa, señaló que el intento del Gobierno mexicano por acelerar los resultados, que incluye la presentación de las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), generan una mayor incertidumbre y “enorme malestar”, y ponen en riesgo la investigación.

Por ello, el Grupo informó que se presentó una propuesta al Gobierno federal que significa su parcial salida de México. De aceptarse, sólo dos miembros del grupo se quedan el país y otros dos se retiran del caso.

Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, dijo que el análisis forense a los mensajes de WhatsApp alerta que podrían ser falsos y “no pueden considerarse una prueba digital” porque tampoco puede confirmarse que fueron emitidos de los celulares de los que supuestamente salieron. Las capturas de pantalla sugieren que pudieron ser falseados.

Los expertos destacaron que hay una grave confusión en relación a las 83 órdenes de aprehensión que se giraron por el caso, entre ellas 20 de militares, y el desistimiento de mandatos judiciales por presiones del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Además, reiteraron su preocupación por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Los integrantes del GIEI solicitaron de igual forma que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas, deben de ser objeto de investigación.

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