Se cumplen los primeros cien días de trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, su ejercicio de gobierno se está caracterizando por la evasión de demandas sociales o temas «polémicos», como él mismo los nombra, tales como la continuación del proyecto de una termoeléctrica en el estado de Morelos o el reconocimiento y salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La convocatoria para participar en consultas públicas sobre estos y otros asuntos de interés público, lejos de incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, se está convirtiendo en un mecanismo para que el presidente no asuma los posibles costos políticos que resulten de estas prácticas, éstas sí polémicas. Se puede afirmar que las consultas públicas son un instrumento de democracia semidirecta, es decir, de participación ciudadana bajo gobiernos representativos, sin embargo, ni las elecciones ni las consultas, por sí mismas, agotan la democracia; se trata sólo de capítulos de este complejo proceso político.
Un ejercicio democrático pleno es deliberativo, de discusión e intercambio de ideas, va más allá de plantear preguntas para responder con un impasible «Sí» o «No». La deliberación pública es un ingrediente inevitable para todo país que aspire a ser democrático. Por eso es posible afirmar que las consultas promovidas por el presidente, además de carecer de esfuerzos deliberativos, también se distinguen por su nulo rigor metodológico. Los temas que se proponen en estas consultas son superfluos y equivocados, pues con estos instrumentos se busca conceder o negar derechos, así como justificar decisiones de proyectos de infraestructura y desplazar la impartición de justicia de las instituciones competentes al ánimo social.
Estos singulares ejercicios consultivos, por decir lo menos, están siendo impugnados por intelectuales y partidos de oposición ante la opinión, esperando poder capitalizar políticamente los errores que eventualmente se deriven por estas decisiones de gobierno justificadas en consultas, que además de ser ineficaces para la deliberación pública guardan un enorme potencial de juego para los opositores.
En estos cien días de gobierno algunos comentócratas y partidos de oposición han hablado del regreso de un poder presidencial sin contrapesos, no obstante las diferencias entre este gobierno y el presidencialismo mexicano de antaño que fue producto de un diseño institucional predispuesto para que el presidente concentrara el mayor poder público. Lo que por ahora se puede observar en el actual gobierno de México, en cambio, es una mayoría concentradora de poder formada en el último proceso electoral federal con leyes distintas a las que configuraron el régimen presidencialista mexicano del siglo XX.
Esta holgada mayoría legislativa de Morena y sus aliados, si quiere ser refrendada para acompañar al presidente durante la segunda mitad de su gobierno, precisa de i) atender las demandas sociales más allá de convocar a responder cuestionarios en ejercicios consultivos superfluos y de baja calidad y ii) estimular la deliberación pública por medio de organizaciones sociales autónomas, que no sólo están con la autodenominada sociedad civil. Si no se abren espacios de discusión, estos primeros cien días de gobierno quedarán como una radiografía de todo el sexenio.
@carralb_
